La Corte Suprema de Brasil fijó para el 2 de septiembre el inicio del juicio contra Jair Bolsonaro, en el que se evaluará su presunta responsabilidad en la planificación de un intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva. El proceso, iniciado en marzo, podría derivar en una condena y prisión para el exmandatario.
Según C5N, el juicio será llevado adelante por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), que programó sesiones extraordinarias para los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre. Allí se analizará si Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2022, buscó impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022.
El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala, indicó que esta etapa marcará el cierre de un proceso penal iniciado en marzo y que ha captado la atención política del país y la comunidad internacional.
La postura de Bolsonaro y su defensa
Horas antes de la confirmación de la fecha, Jair Bolsonaro solicitó ser absuelto, declarando su inocencia y alegando que la acusación carece de «evidencia sólida» y se basa en «interpretaciones distorsionadas».
En un documento de 197 páginas, citado por AFP, la defensa argumentó que no existen pruebas que lo vinculen directamente con actos contra las instituciones democráticas o que haya instigado a otros a hacerlo. También sostuvieron que el hecho de que Lula asumiera la presidencia es, en sí mismo, una prueba que desestima las acusaciones principales.
Contexto: el asalto del 8 de enero de 2023
El STF también solicitó la extradición de 61 personas acusadas de participar en el ataque a las sedes del Congreso, el Palacio de Planalto y la Corte Suprema, en la Plaza de los Tres Poderes, el 8 de enero de 2023.
La Fiscalía brasileña calificó el hecho como una “conspiración político-militar” para mantener a Bolsonaro en el poder y destituir a Lula. De los 1.628 procesos iniciados, 638 personas fueron condenadas, 552 firmaron acuerdos de no persecución penal y 112 causas continúan abiertas.
Condenas y situación actual
Entre los condenados, 279 recibieron penas por delitos graves como intento de golpe, asociación para delinquir o abolición del Estado democrático de derecho, con sentencias de hasta 17 años de prisión. Actualmente, 112 personas cumplen prisión efectiva, 44 están bajo arresto domiciliario y 29 en prisión preventiva.
La decisión final del STF en el juicio contra Jair Bolsonaro podría marcar un precedente histórico en la política brasileña y en la defensa de las instituciones democráticas de la región.