El próximo lunes 11 de agosto a las 8:30, en Puerto Madryn, comenzará el juicio oral contra dos directivos de la empresa pesquera Conarpesa, acusados de provocar un grave daño ambiental por el vertido ilegal de efluentes al mar en 2020. La causa, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, busca determinar responsabilidades en un hecho que generó alarma social y marcó un precedente en la región.
La investigación se inició tras la difusión de un video en redes sociales que mostraba un líquido rosado, con fuerte olor, siendo arrojado desde el Parque Industrial Pesquero hacia el mar. El material audiovisual generó indignación y motivó una inspección urgente de las autoridades.
Los peritajes del área de criminalística, personal de Medio Ambiente municipal y científicos del CENPAT-CONICET confirmaron la existencia de un bypass clandestino en la planta, desde donde se vertían líquidos sin tratamiento, en violación de las normativas ambientales vigentes.
Contaminación extrema y riesgo sanitario
Los análisis de laboratorio revelaron niveles de Escherichia coli hasta 2.000 veces superiores al límite legal, una bacteria asociada a enfermedades gastrointestinales graves. Según la Fiscalía, el delito se configura cuando el vertido puede afectar la salud humana y producir contaminación en el ecosistema.
Los imputados, Nadine Parry —gerenta de planta— y Brahim Yoosef Vargas —responsable del tratamiento de efluentes—, deberán responder ante la jueza Patricia Reyes. El fiscal jefe Alex Williams y la fiscal Florencia Bianchi, de la unidad de Delitos Ambientales, sostendrán la acusación.
Un caso emblemático para la industria pesquera
Este juicio representa un hecho inusual en el ámbito pesquero, donde las denuncias por vertidos ilegales raramente llegan a instancias judiciales orales. El proceso incluirá la presentación de pruebas técnicas, testimonios y documentos que podrían ser determinantes para la resolución.
El caso reabre el debate sobre la necesidad de un control más estricto de los efluentes industriales, así como el desafío de compatibilizar la actividad económica con la protección de los recursos naturales.
Expectativa en la comunidad
El impacto mediático del video y la evidencia científica impulsaron una causa que ahora llega a juicio con la atención de toda la comunidad. El desarrollo de las audiencias podría sentar un precedente para futuros casos de delitos ambientales en la región. Información extraída del medio La17.
