El Presidente justificó su decisión alegando que las leyes vetadas comprometen el equilibrio macroeconómico y no cuentan con respaldo presupuestario.
En un comunicado oficial emitido el 4 de agosto, la Oficina del Presidente de la Nación explicó los motivos detrás de los recientes vetos del presidente Javier Milei a proyectos aprobados por el Congreso. Según el documento, las leyes vetadas implican un gasto público adicional sin respaldo financiero y atentan contra el plan de estabilización económica que impulsa el Ejecutivo.
“El Presidente de la Nación vetó una serie de proyectos aprobados de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos necesarios para su implementación”, indica el texto. La estimación oficial advierte que, de promulgarse, estas iniciativas generarían un gasto extra de más de 7 billones de pesos en 2025 y 17 billones en 2026, representando el 0,9% y el 1,68% del PBI respectivamente.
Milei: “No es ideología, es técnica fiscal”
El comunicado subraya que los vetos no responden a una postura ideológica sino técnica, vinculada al objetivo de alcanzar y sostener el superávit fiscal. “Las regulaciones fiscales no son burocracia, son una forma de evitar que se multiplique la pobreza”, sostiene el mensaje oficial, agregando que el equilibrio presupuestario es la herramienta principal del Gobierno para contener la inflación.
Asimismo, el Gobierno acusó a sectores de la oposición de impulsar proyectos con fines electorales en un año clave para las legislativas, disfrazándolos de “causas nobles” que, en la práctica, buscan desestabilizar las cuentas públicas. Según la Presidencia, estas maniobras replican prácticas del pasado que “generaron inflación, pobreza y exclusión”.
Más proyectos en debate, pero el Gobierno se mantiene firme
Desde el Ejecutivo se anticipó que en los próximos días se debatirán nuevos proyectos con características similares, lo que podría derivar en más vetos si no se contemplan fuentes de financiamiento claras. Milei advirtió que su gobierno está decidido a frenar “una tradición de más de 100 años que empobreció a millones de argentinos”.
Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con la disciplina fiscal, en medio de un contexto económico complejo y con señales de desaceleración. La estrategia, según el oficialismo, no apunta a bloquear avances sociales, sino a preservar la estabilidad macroeconómica como base del desarrollo sostenible. Información extraída del medio La17.
