Seguridad insiste en sostener el esquema ante protestas en la vía pública.
El debate judicial sobre el protocolo que regula la actuación de las fuerzas de seguridad frente a manifestaciones volvió a escalar tras el anuncio del Gobierno nacional de que apelará la sentencia que declaró su nulidad. Desde el Ministerio de Seguridad advirtieron que la eliminación de la norma implicaría un retroceso en el orden público y la libre circulación.
Según La17, la cartera de Seguridad considera que el fallo desconoce antecedentes judiciales que validaron la normativa vigente desde 2023 y anticipó que sostendrá su defensa en una instancia superior.
El fallo judicial que declaró la nulidad
La resolución fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En su decisión, el magistrado sostuvo que el protocolo afecta el ejercicio del derecho constitucional a la protesta social.
El fallo cuestiona la Resolución 943/2023, que establece los criterios de intervención de las fuerzas federales ante cortes de calles y rutas durante manifestaciones, al considerar que impone restricciones que exceden las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo.
La postura del Ministerio de Seguridad
Frente a esta interpretación, el Ministerio de Seguridad, actualmente conducido por Alejandra Monteoliva, ratificó que apelará la medida judicial. En un comunicado oficial, la cartera calificó al protocolo como “legítimo” y recordó que fue validado en reiteradas oportunidades por la Justicia.
Desde el organismo remarcaron que la herramienta no prohíbe las protestas, sino que ordena su desarrollo en el espacio público. “El Protocolo no prohíbe, ordena”, señalaron, y aseguraron que permite garantizar tanto el derecho a manifestar como la libre circulación. Además, afirmaron que “la gran mayoría de los argentinos respalda esta herramienta porque sabe que sin Protocolo vuelve el caos”.
Argumentos oficiales y respaldo político
El Ministerio sostuvo que, desde su implementación, el esquema permitió asegurar la libre circulación y recuperar el uso de las calles para quienes trabajan y transitan diariamente. Ese será uno de los ejes centrales de la apelación judicial.
La decisión del juez también generó reacciones políticas. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad cuando el protocolo fue puesto en marcha y actual senadora, cuestionó duramente el fallo. En redes sociales afirmó que se trata del “mismo juez que siempre falla contra el Gobierno” y acusó a los sectores que celebraron la nulidad de “vivir del caos, la extorsión y la desestabilización”.
Bullrich defendió el protocolo al asegurar que “recuperó el orden en la Argentina” y que se aplicó “desde el día uno, con decisión y firmeza”. En la misma línea, Monteoliva sostuvo que la medida judicial intenta avanzar contra el Protocolo Antipiquetes y respondió a “la vieja política que no quiere paz ni orden”.
Un debate que seguirá en la Justicia
Con la apelación ya anunciada, el conflicto pasará ahora a una instancia judicial superior. Allí se definirá si el protocolo mantiene su vigencia mientras continúa el debate de fondo sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta social y el uso del espacio público en la Argentina.
