La convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 2 de febrero marca el inicio de un nuevo capítulo en la estrategia legislativa del Gobierno.
El Gobierno nacional prevé convocar a sesiones extraordinarias desde el 2 de febrero, con el objetivo de retomar el tratamiento de la reforma laboral y las modificaciones a la Ley de Glaciares. La decisión fue definida en reuniones recientes en la Casa Rosada y busca acelerar las negociaciones con legisladores y gobernadores aliados durante enero para llegar al Congreso con consensos previos.
Decreto y negociaciones políticas
Según TN, el presidente Javier Milei firmará el decreto que oficializa la convocatoria en la última semana de enero. La mesa política de Balcarce 50 pretende avanzar en acuerdos macro con los aliados para garantizar la aprobación de las iniciativas.
La reforma laboral ya cuenta con dictamen, pero no llegó al recinto porque el oficialismo priorizó la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Desde el entorno presidencial no descartan modificaciones al texto para facilitar su sanción. “Todo lo que no tenga que ver con la creación de empleo puede quedar afuera”, señalaron fuentes oficiales.
Reforma laboral y costo fiscal
El Gobierno reconoce que los cambios tributarios de la reforma laboral implican un costo fiscal estimado en 0,5% del PBI, equivalente a unos US$3500 millones anuales. La cifra es superior a las estimaciones iniciales que se concentraban en el impacto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), calculado en US$2500 millones.
El proyecto contempla la reasignación del 3% de las contribuciones patronales desde el sistema previsional hacia un fondo destinado a financiar indemnizaciones por despido. Además, los rendimientos quedarán exentos del impuesto a las ganancias y del IVA, salvo las comisiones, con el objetivo de recapitalizar el mercado local.
Cambios tributarios incluidos
El documento enviado al Senado también abarca otras modificaciones:
- Reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias corporativo.
- Exención de Ganancias sobre la venta de inmuebles de personas humanas.
- Ampliación de exenciones para ciertos rendimientos financieros.
- Devolución acelerada del saldo técnico de IVA para medianas inversiones.
- Eliminación de varios impuestos internos selectivos.
Proyecciones y estrategia oficial
El Ejecutivo sostiene que la pérdida de ingresos no compromete las cuentas públicas si se cumplen las metas del Presupuesto 2026, que prevé un superávit primario cercano al 1,5% del PBI. La apuesta es que la reforma laboral reduzca el costo del empleo formal, incentive la registración y eleve la base imponible, compensando la baja inicial de ingresos con mayor recaudación.
Sin embargo, sectores menos optimistas advierten que el impacto puede ser “muy lento”. En paralelo, el Gobierno descarta negociar otras iniciativas como el nuevo Código Penal o el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, priorizando las reformas económicas y evitando choques con aliados.