Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., fue procesado con prisión preventiva junto a otros 16 directivos por el caso del fentanilo contaminado que provocó 96 muertes.
El empresario farmacéutico Ariel García Furfaro enfrenta la situación judicial más complicada de su carrera. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, lo procesó con prisión preventiva y ordenó un embargo de un billón de pesos en el marco de la investigación por la producción y distribución de fentanilo contaminado, que derivó en la muerte de 96 pacientes.
Procesados 17 directivos de laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
En la resolución judicial también quedaron procesados otros 16 ejecutivos, directores técnicos y accionistas de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA. Todos están acusados de haber tenido participación en la fabricación y distribución del lote de fentanilo contaminado que provocó la tragedia. Según informó Río Negro, se trata de una de las causas más graves de la historia farmacéutica argentina.
Las acusaciones entre Furfaro y su ex mano derecha
En su declaración anterior, García Furfaro apuntó directamente contra Andrés Quinteros, su ex apoderado y mano derecha en el laboratorio. Lo acusó de haber contaminado de manera intencional el fentanilo con bacterias, intentando deslindar responsabilidades técnicas. La versión fue incluida en el expediente, pero aún no se definió si tendrá peso en la imputación final.
Qué dijo el abogado defensor de Furfaro
El abogado Gastón Marano, representante legal del empresario, aseguró antes de la audiencia que la indagatoria de su cliente “es sagrada”. El letrado remarcó que Furfaro dará detalles de su vida personal y de cómo llegó al mundo de la industria farmacéutica.
“Estimo que va a ser una declaración larga. Me voy a juntar con él primero para evaluar los últimos detalles”, señaló Marano frente a los tribunales de La Plata.
Asimismo, defendió la posición de su cliente, destacando que “él era únicamente el dueño de los laboratorios, pero no personal técnico”. En esa línea, agregó:
“Los fallos que se mencionan en la causa están acreditados, los leí, pero requieren de un nivel de sofisticación que Ariel no tenía y tampoco se le reclama en la normativa. Lo que sí tenía era una cadena de empleados adecuados a la solicitud de la ANMAT”.
Una pena que podría superar los 25 años
Con el avance de la investigación, tanto García Furfaro como el resto de los directivos enfrentan penas de hasta 25 años de prisión por la responsabilidad en la elaboración y distribución del fármaco adulterado. La causa continúa sumando pruebas y testimonios que complican aún más el futuro judicial del empresario.
El caso del fentanilo contaminado no solo sacudió al sistema de salud, sino que también destapó graves irregularidades en el control de laboratorios y en los mecanismos de fiscalización de medicamentos en Argentina.