Ignacio «Nacho» Torres firmó el decreto que la aparta de la administración pública
El gobernador Ignacio Torres concretó la expulsión de la ex ministra de Familia y Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola, condenada por corrupción en la causa “Ñoquis Calientes”. La medida refuerza la política de “tolerancia cero” contra funcionarios con antecedentes penales.
El decreto de expulsión y su alcance
Torres rubricó el decreto que deja fuera de la administración pública a la ex funcionaria, quien había integrado el gabinete de Mariano Arcioni. El documento, firmado también por el ministro de Gobierno Victoriano Eraso Parodi, fundamenta la expulsión en el artículo 17 inciso g) del Convenio Colectivo de Salud y los artículos 51 incisos 1° y 2° de la Ley I N° 74, a partir del sumario administrativo iniciado por Resolución XXI N° 19/25-AGG.
El mandatario sostuvo que “ningún condenado por corrupción puede seguir siendo parte del Estado” y calificó la decisión como “un acto de Justicia y una deuda saldada con los chubutenses”.
Condena e inhabilitación perpetua
El fallo judicial condenó a Torres Otarola a 2 años y 8 meses de prisión, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La Justicia la declaró autora material de defraudación a la Administración Pública y exacciones ilegales.
El decreto señala que todo funcionario debe contar con idoneidad técnica y moral, y que las acciones comprobadas en su contra dañaron gravemente la imagen del Estado provincial y del sistema de salud pública.
Contexto de la causa “Ñoquis Calientes”
La ex ministra fue investigada por contratar de manera irregular a empleados que cobraban del Estado sin cumplir funciones dentro de la administración provincial. Estas maniobras, reveladas por la Justicia, configuraron una defraudación millonaria contra el erario público.
La decisión de Torres se enmarca en la línea de la Ley de Ficha Limpia, impulsada por su gestión para impedir que personas con antecedentes penales por corrupción ocupen cargos estatales.
La medida busca dejar un precedente claro: en la provincia no habrá lugar para quienes traicionen la confianza de los ciudadanos desde la función pública.
Un mensaje político firme
Con esta expulsión, el Gobierno del Chubut refuerza su compromiso con la transparencia y marca un quiebre respecto a gestiones anteriores, donde la permanencia de funcionarios cuestionados generó amplio rechazo social.
