El Senado de la Nación aprobó con amplio respaldo opositor un proyecto que modifica sustancialmente el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), estableciendo plazos perentorios y mayores controles que complicarán la estrategia de gobierno de Javier Milei.
La iniciativa, que obtuvo 56 votos a favor frente a 8 en contra, fue girada a la Cámara de Diputados para su debate definitivo.
Cambios fundamentales en el tratamiento de DNU
La reforma aprobada por el Senado modifica sustancialmente la ley 26.122, originalmente sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, eliminando el controvertido mecanismo de «sanción ficta» que permitía la vigencia automática de los decretos de necesidad y urgencia sin necesidad de aprobación expresa del Congreso.
Este cambio fundamental invierte por completo la lógica del sistema anterior: mientras la normativa kirchnerista establecía que los DNU regían hasta que ambas cámaras los rechazaran explícitamente, el nuevo proyecto exige que el Poder Ejecutivo consiga la ratificación afirmativa de ambos cuerpos legislativos en un plazo máximo de 90 días corridos desde su emisión, quedando derogados automáticamente si no obtiene este respaldo en el tiempo establecido.
Además de este cambio central, la iniciativa introduce otras tres restricciones significativas al poder reglamentario del Ejecutivo. En primer lugar, se prohíben expresamente los DNU ómnibus -decretos que abarcan múltiples materias diversas-, exigiendo que cada decreto se refiera a un tema específico y homogéneo.
En segundo término, se habilita al Congreso a sesionar durante el receso de verano exclusivamente para tratar decretos de necesidad y urgencia, incluso sin convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias. Finalmente, se establece de manera explícita que el Presidente no podrá emitir un nuevo DNU sobre la misma materia de uno rechazado por el Congreso hasta el inicio del siguiente período legislativo, el 1° de marzo de cada año, aplicando así la misma regla que rige para los proyectos de ley convencionales.
Estas modificaciones representan el intento legislativo más contundente en casi dos décadas por limitar el uso de los decretos de urgencia y restablecer el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución Nacional, tras años de ampliación progresiva de las facultades del Ejecutivo en detrimento del rol deliberativo del Congreso.
Contexto político y reacciones
La iniciativa contó con el apoyo de casi todo el arco opositor, incluido el kirchnerismo que originalmente había impulsado la ley ahora reformada. Durante el debate, senadores como Florencia López (La Rioja) criticaron el «abuso» del gobierno actual en el uso de DNU: «El Gobierno tomó la excepción como regla y se dedicó a gobernar por decreto». Desde el oficialismo, Ezequiel Atauche (Jujuy) denunció que «no les importa el contenido de la ley, les importa romper al Gobierno».
El proyecto representa un desafío significativo para el gobierno de Milei, que actualmente es minoría en ambas cámaras y vería limitada su capacidad de governar por decreto. La iniciativa deberá ahora ser debatida en Diputados, donde el oficialismo podría intentar negociar modificaciones o bloquear su sanción definitiva. Información extraída del medio La Nacion.
