El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), encargado de brindar cobertura de salud a los militares, sus familias, y personal de las fuerzas de seguridad, ha estado bajo la lupa por sus contrataciones con la Droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker.
Entre diciembre de 2023 y abril de 2025, IOSFA destinó más de $11.000 millones a esta droguería, lo que representa aproximadamente el 10% del total de las adquisiciones realizadas por diferentes áreas del Estado en ese período, según datos oficiales de Compr.ar. Sin embargo, algunas compras no están registradas en este portal, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de estas operaciones. De acuerdo con Jornada política.
Detalle de las contrataciones
Entre las compras más significativas realizadas por IOSFA a Suizo Argentina, se destacan las siguientes, según documentos oficiales:
– Julio de 2024: Disposición 225, por $604.200.000 para la compra de medicamentos.
– Julio de 2024: Disposición 234, por $4.941.406.041,86 para tratamientos de artritis, espondilitis, psoriasis y lupus.
– Agosto de 2024: Disposición 304, por $8.669.509.204,62 para medicamentos de alto costo y otras patologías.
– Agosto de 2024: Disposición 305, por $1.909.805.535,36 para tratamientos oncológicos convencionales.
– Diciembre de 2024: Contrato por $3.200.000.000 para la provisión de medicamentos para la diabetes.
– Abril de 2025: Resolución para la compra de medicamentos oncológicos de alto precio por 12 meses, aunque no se especificó el monto.
Además, en agosto de 2024, Suizo Argentina se adjudicó tres contrataciones adicionales por $2.290 millones, $1.190 millones y $1.004 millones para medicamentos de alto costo, y participó en licitaciones para tratamientos de artritis, espondilitis, psoriasis y lupus por $397 millones y $1.003 millones.
Estas contrataciones se enmarcan en una crisis financiera de IOSFA, que acumula una deuda de $200.000 millones y ha recortado prestaciones, generando malestar entre los afiliados, quienes denuncian falta de medicamentos esenciales, especialmente oncológicos. En Punta Alta, por ejemplo, miles de personas marcharon en protesta por los atrasos en las prestaciones.
La relación comercial entre IOSFA y Suizo Argentina ha sido objeto de críticas, especialmente tras los audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien mencionó un supuesto esquema de coimas vinculado a la droguería, involucrando a figuras como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Esto derivó en una investigación judicial a cargo del juez Sebastián Casanello, que incluye allanamientos a la sede de Suizo Argentina y domicilios de los Kovalivker.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE, denunció que IOSFA contrató a Suizo Argentina por $25.000 millones por semestre, lo que equivaldría a $50.000 millones anuales, y acusó al organismo de no priorizar a los afiliados mientras acumula deudas. Sin embargo, IOSFA emitió un comunicado desmintiendo contratos irregulares, asegurando que las compras se realizan mediante licitaciones públicas o compulsas de precios, y que la relación con Suizo Argentina es anterior a la gestión actual, liderada por Betina Surballe. El organismo señaló que trabaja con 56 droguerías y más de 85 laboratorios, y que Suizo Argentina fue desestimada en recientes licitaciones.
El aumento exponencial de los contratos de Suizo Argentina con el Estado —de $3.898 millones en 2024 a $108.299 millones en 2025, según Compr.ar— contrasta con la inflación acumulada (117,8% en 2024 y 17,3% hasta julio de 2025), lo que sugiere un crecimiento desproporcionado en las adjudicaciones. La falta de competencia en algunas licitaciones, como la adjudicación de $78.267 millones al Ministerio de Salud para logística de medicamentos, donde Suizo Argentina fue la única competidora del sector farmacéutico, refuerza las sospechas de favoritismo.
Mientras IOSFA enfrenta una crisis que afecta a más de 650.000 afiliados, la Justicia continúa investigando el rol de Suizo Argentina en un presunto esquema de corrupción, lo que podría arrojar luz sobre la transparencia de estas operaciones. Los afiliados, por su parte, exigen soluciones urgentes para garantizar el acceso a medicamentos y servicios de salud.