La jueza estadounidense Loretta Preska ordenó a YPF presentar, en un plazo de 15 días, documentos clave en la causa “alter ego”.
La medida busca determinar si la petrolera argentina puede ser considerada parte del Estado nacional y, en consecuencia, si sus activos podrían usarse para afrontar la condena de US$ 16.000 millones.
El fallo inicial había dejado a YPF fuera de responsabilidad directa, pero los demandantes ahora intentan probar vínculos que justifiquen el embargo de bienes de la compañía. El conflicto se remonta a la estatización de la petrolera en 2012 y al reclamo iniciado por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de los exaccionistas de Repsol.
Según el analista de mercados Sebastián Maril, YPF deberá demostrar su independencia frente al Estado argentino. De no lograrlo, los acreedores podrían avanzar sobre su patrimonio como parte de la ejecución de la millonaria sentencia.
Próxima audiencia clave en Nueva York
El 29 de octubre, la Cámara de Apelaciones de Nueva York recibirá los argumentos de las tres partes: el Estado argentino, YPF y Burford Capital. Allí se evaluarán las apelaciones cruzadas: mientras Argentina busca revertir la condena, Burford pretende que YPF sea incluida en la responsabilidad.
La definición sobre si la empresa puede ser considerada “alter ego” del Estado tendrá consecuencias directas en la estrategia de negociación con los acreedores y en el futuro de la compañía, que es fundamental para el desarrollo energético nacional.
Impacto económico y político
Según Radio3 este nuevo capítulo judicial no solo incrementa la presión financiera sobre el país, sino que también genera incertidumbre en los mercados y en el rumbo de YPF. El desenlace podría condicionar la política energética argentina en un contexto de necesidad de inversiones.