Avanza la causa por la expropiación de 2012 y los USD 16.000 millones.
La jueza Loretta Preska rechazó un pedido de YPF y dio vía libre a la investigación para determinar si la petrolera puede ser considerada “alter ego” del Estado argentino.
El fallo que reaviva la disputa judicial
La magistrada del Segundo Circuito de Nueva York resolvió que YPF debe entregar, en un plazo de 15 días, documentación clave para el proceso de discovery. Esta etapa busca definir si existe un vínculo directo entre la compañía y la Argentina, lo que abriría la puerta a que los demandantes ejecuten la sentencia de USD 16.000 millones por la expropiación de 2012. Según informó Radio 3 Cadena Patagonia, la decisión no modifica la condena original, pero es un avance importante para Burford Capital.
Burford Capital y su estrategia
El fondo buitre, principal beneficiario de la demanda, pretende quedarse con el 51% de las acciones que el Estado posee en YPF. Su objetivo es demostrar que los bienes de la petrolera son ejecutables porque actuaría como un “alter ego” del país. La próxima semana se conocerán nuevas resoluciones sobre estas apelaciones.
Argentina y YPF mantienen sus recursos
El fallo central de 2023 condenó a Argentina al pago multimillonario, pero exoneró a YPF. Ambas partes apelaron: el Estado cuestiona la condena y Burford busca involucrar nuevamente a la petrolera. El 29 de octubre se presentarán los argumentos ante la Cámara de Apelaciones.
Contexto internacional y defensas del Gobierno
El mes pasado, Argentina logró frenar avances en otros tribunales: la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito postergó una definición sobre la toma de acciones sin garantías, y en Irlanda fue rechazado un pedido de ejecución. Desde la Procuración del Tesoro remarcaron que el Gobierno de Javier Milei apelará cada revés incluso hasta la Corte Suprema de EE.UU. si fuera necesario.
Un litigio que amenaza las finanzas argentinas
El caso YPF se mantiene como uno de los juicios internacionales más costosos para la Argentina. La investigación por el “alter ego” podría redefinir el alcance de la sentencia y comprometer activos estratégicos del país.