El Congreso de la Nación llevó a cabo una extensa audiencia pública con los candidatos a ocupar los cargos de Defensor del Pueblo y Procurador Penitenciario de la Nación, puestos vacantes desde hace más de una década.
La jornada, desarrollada en el Salón Azul del Senado, reunió a referentes políticos, jurídicos y académicos que expusieron sus propuestas ante la Comisión Bicameral Permanente.
Audiencia pública con 45 postulantes
El encuentro contó con 38 aspirantes a la Defensoría del Pueblo y siete al cargo de Procurador Penitenciario, quienes presentaron sus planes de gestión y enfoques sobre derechos humanos, transparencia institucional y control penitenciario.
Entre los nombres más destacados figuran Natalia Sarapura (UCR), Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria) y Fernando Carbajal (Democracia para Siempre), todos ellos diputados que culminarán su mandato en diciembre. También participaron figuras reconocidas como Remo Carlotto, Paula Bertol, Alejandro Amor y María José Lubertino, quien además se postuló para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ejes de trabajo y propuestas
Durante la primera parte de la jornada, los siete postulantes al cargo de Procurador Penitenciario abordaron temas vinculados a la situación carcelaria, políticas de derechos humanos y mecanismos de control del sistema penitenciario.
La segunda mitad estuvo dedicada a los candidatos al Defensor del Pueblo, quienes enfocaron sus exposiciones en la defensa de los derechos ciudadanos, la modernización institucional, la inclusión social y la mejora en la gestión pública.
Según LA17, la Defensoría del Pueblo de la Nación permanece sin titular desde 2009, situación que ha generado reiterados reclamos de organizaciones civiles y legisladores para restablecer su funcionamiento pleno.
Próximos pasos en el Congreso
Tras escuchar las exposiciones, la Comisión Bicameral Permanente deberá elaborar un dictamen con los nombres propuestos. Luego, el Congreso Nacional definirá por votación la designación del nuevo Defensor del Pueblo y del Procurador Penitenciario, cargos que requieren la aprobación de dos tercios de ambas cámaras.
Ambas designaciones representan un paso institucional clave para fortalecer los mecanismos de control y garantizar la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos frente al Estado.