En Comodoro Rivadavia se llevó adelante una audiencia judicial por un robo agravado ocurrido en un establecimiento rural
Tres hombres fueron imputados, pero el juez decidió rechazar la prisión preventiva y otorgarles libertad bajo presentaciones semanales.
La audiencia judicial
Este lunes al mediodía se realizó la audiencia de control de detención y apertura de investigación por el hecho registrado el 13 de diciembre en el campo “Cerro Tacho”. La Fiscalía solicitó que se declare legal la detención de los acusados, identificados como N.U., J.L.O. y F.V., y que se formalice la investigación bajo la calificación provisoria de robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda. Además, pidió prisión preventiva por tres meses.
Las defensas, sin cuestionar la legalidad de las detenciones ni la calificación del hecho, se opusieron a la prisión preventiva y solicitaron la libertad de sus asistidos con presentaciones periódicas ante la autoridad judicial.
El hecho en el establecimiento rural
Según relató el fiscal, los imputados habrían ingresado al predio tras cortar el candado de la tranquera. Dentro del lugar redujeron al peón, lo ataron de pies y manos y sustrajeron diversos elementos de valor. Antes de retirarse, lo agredieron y cargaron los objetos en una camioneta, huyendo por la Ruta 39.
El peón logró desatarse y avisar al propietario del campo. Un familiar detectó el paso del vehículo en la zona de Diadema y alertó a la policía. Finalmente, los efectivos interceptaron la camioneta y detuvieron a los sospechosos, hallando los elementos denunciados como robados.
Resolución del juez
Tras escuchar a las partes, el magistrado resolvió autorizar la formalización de la investigación, declarar legal la detención y disponer la libertad de los tres imputados, quienes deberán presentarse semanalmente ante la Oficina Judicial durante tres meses. El juez consideró que no existían riesgos de entorpecimiento de la investigación y que la prisión preventiva resultaba excesiva.
La información fue extraída de Radio3.
El caso refleja la tensión entre las medidas de seguridad solicitadas por la Fiscalía y las garantías procesales defendidas por los abogados. La investigación continuará para determinar la responsabilidad de los imputados en el robo agravado.
