El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso prevé una reducción de 155.000 pensiones por discapacidad, una medida que genera fuerte debate político y social
Sin embargo, su aplicación final dependerá de lo que disponga la Justicia, que recientemente ordenó restituir más de 119.000 beneficios suspendidos por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Un recorte condicionado por la Justicia
Según Radio3, la previsión del Gobierno fue incluida antes del fallo que obligó a la Andis a restablecer las pensiones suspendidas en los últimos meses. El juez Guillermo Díaz Martínez calificó de “irregular” la actuación del organismo y ordenó devolver los haberes retenidos, lo que podría alterar las proyecciones fiscales.
El ajuste se da en un contexto marcado por un escándalo de presuntas coimas dentro de la agencia, que derivó en la salida de su titular, Diego Spagnuolo.
Impacto fiscal y reducción del gasto previsional
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), de los $71 billones previstos para prestaciones previsionales —que incluyen jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas—, $3,8 billones se destinarán a bonos, cifra similar a la del año actual.
El número total de jubilados y pensionados pasaría de 9,15 millones en 2025 a 9,01 millones en 2026, lo que representa una baja del 1,5 %. El gasto en pensiones por invalidez, en particular, sufriría una reducción real del 10,6 %, pasando del 0,5 % del PBI al 0,4 %.
Auditorías y tensiones políticas
El economista Jorge Colina, del Instituto Idesa, explicó que el Gobierno busca “romper con el uso político de las pensiones” mediante un sistema de auditorías y revalidaciones, aunque advirtió que muchas suspensiones se realizaron “sin fundamentos sólidos”.
Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió las revisiones, señalando que el objetivo es “garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan” y “ordenar un sistema distorsionado por el clientelismo político”.
Riesgo fiscal y debate legislativo
El economista Rafael Flores, experto en presupuesto público, advirtió que el recorte proyectado “debería presentarse como un pasivo contingente”, dado que el Estado podría verse obligado a restituir los beneficios si la Justicia ratifica los fallos en curso.
El debate legislativo del Presupuesto 2026 continúa en comisiones del Congreso, con la atención puesta en el impacto social y fiscal de la medida sobre los sectores más vulnerables.
El recorte de pensiones por discapacidad planteado en el Presupuesto 2026 refleja la tensión entre el ajuste fiscal y la protección social. Mientras el Gobierno busca reducir el gasto público, la Justicia y los especialistas advierten sobre las consecuencias humanas y legales de esta decisión.