El Gobierno nacional confirmó que avanzará con la apelación del fallo dictado por el Juzgado Federal de Campana, que ordenó poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido un artículo clave del Decreto 681/2025
La decisión será elevada a la Cámara Federal de San Martín, que deberá revisar la resolución judicial.
Según Radio3, la Casa Rosada considera que el fallo afecta atribuciones propias del Poder Ejecutivo.
El Gobierno cuestiona una “intromisión” en sus facultades
Desde el Ejecutivo sostienen que la sentencia representa una intervención indebida en las decisiones presupuestarias y en la administración de los gastos del Estado. Plantean que aplicar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad, sin partidas específicas aprobadas por el Congreso, podría comprometer el equilibrio fiscal y afectar programas prioritarios.
El decreto objetado había frenado la implementación de la norma sancionada y ratificada por insistencia legislativa, argumentando la falta de recursos destinados a financiar la emergencia.
El fallo judicial y el reclamo de las familias
El juez Adrián González Charvay hizo lugar a un amparo colectivo presentado por padres de niños con Certificado Único de Discapacidad, junto a organizaciones del sector. Señalaron que la suspensión derivada del decreto dejó sin cobertura a miles de personas y agravó la crisis del sistema de prestaciones.
En su resolución, el magistrado sostuvo que el artículo cuestionado del DNU era “inválido en todos sus aspectos” por contradecir el procedimiento previsto en el artículo 83 de la Constitución Nacional. Además, consideró que el Ejecutivo excedió sus facultades al intentar suspender una ley vigente.
El debate por el financiamiento y el uso de reasignaciones
Uno de los puntos más sensibles es el financiamiento. El juez recordó que la Jefatura de Gabinete realizó más de 19 reasignaciones presupuestarias desde diciembre de 2023, mecanismo que —según el fallo— pudo haberse utilizado para ejecutar la ley aun sin partidas específicas en el Presupuesto 2026.
El Gobierno rechaza ese criterio y afirma que la Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente hasta 2027, requiere un respaldo financiero definido por el Congreso. Reasignar fondos sin ese marco, sostienen, podría generar un desbalance fiscal y afectar la planificación de áreas críticas.
Escalada institucional y futura vía judicial
La tensión entre el Gobierno y el juez Charvay no es nueva: en agosto, el magistrado ya había declarado inválido un decreto que frenaba una ley vinculada a prestaciones de la ANDIS. Desde Balcarce 50 anticipan la posibilidad de denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura.
Mientras preparan la apelación, en filas oficiales reconocen que, si la Cámara Federal de San Martín confirma el fallo, la discusión será llevada a la Corte Suprema de Justicia.
El conflicto abre un nuevo capítulo en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con impacto directo sobre la política de discapacidad y el manejo de los recursos públicos. La resolución de la Cámara será determinante para definir el alcance de la ley y las facultades de cada poder del Estado.