El juicio por la expropiación de YPF tendrá este miércoles una nueva instancia decisiva en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde se presentarán representantes del Estado argentino, del fondo Burford y de la propia petrolera para defender sus posiciones.
La audiencia podría marcar un nuevo capítulo en el extenso litigio que lleva más de una década en los tribunales estadounidenses.
El Gobierno argentino buscará revertir el fallo dictado por la jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar US$ 16.000 millones en concepto de indemnización por la forma en que se concretó la nacionalización de la compañía en 2012. La defensa del Estado insistirá en que la sentencia resulta desproporcionada y que se basa en una interpretación errónea de las obligaciones asumidas durante la expropiación.
El fondo Burford, en cambio, pedirá mantener la condena y revisar la parte del fallo que eximió a YPF de responsabilidad, con el propósito de ampliar el alcance del resarcimiento. La petrolera estatal, por su parte, buscará sostener su condición de ajena al litigio, defendiendo la postura de que la operación fue una decisión soberana del Estado argentino.
La Cámara de Apelaciones no emitirá un veredicto inmediato. Según estimaciones judiciales, la resolución podría conocerse recién durante el primer semestre del próximo año, lo que mantiene en vilo al país por el impacto financiero que implicaría una ratificación del fallo.
En caso de que la Cámara confirme la sentencia, Argentina solo tendría la opción de recurrir ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. También existe la posibilidad de que se reduzca el monto indemnizatorio o, en un escenario menos probable, que se revierta la decisión de Preska.
La jueza había determinado que una forma de cumplir con la sentencia sería entregar acciones de YPF como compensación, aunque esa vía fue apelada y sigue otro curso judicial. Los acreedores, sin embargo, ya manifestaron que no están interesados en recibir participaciones accionarias, y prefieren negociar un acuerdo que les garantice un pago efectivo.
El proceso judicial se ha extendido por más de diez años y ha incluido medidas de amplio alcance, como la solicitud de información sobre mails y comunicaciones de funcionarios argentinos, con el fin de identificar posibles vínculos con empresas estatales y activos susceptibles de embargo en el exterior. Información extraída de LA17.
