Argentina posee una de las trayectorias nucleares más extensas de América Latina con tres centrales en operación y empresas de clase mundial como INVAP, pero este desarrollo contrasta con un laberinto legal que amenaza su futuro.
Un informe especializado analiza cómo la falta de coherencia normativa entre provincias y nación frena el potencial del sector en plena transición energética global.
Fortalezas técnicas y debilidades legales
Desde la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 1950, el país construyó una infraestructura científica única. Sin embargo, como señala el informe “La energía nuclear en Argentina y su encrucijada político-legal” de Thomas Viscovich y Gonzalo D. Aranda, esta fortaleza técnica choca con un marco jurídico disperso. Según el medio Energía, los autores advierten que mientras la Nación conserva la titularidad nuclear, las provincias tienen dominio sobre recursos naturales, creando superposiciones que paralizan proyectos.
El mapa provincial fragmentado
Las provincias mantienen posiciones radicalmente opuestas frente al desarrollo nuclear. Río Negro prohibió en 2017 nuevas centrales tras la polémica por una planta con tecnología china, mientras Chubut aplica restricciones a actividades de «riesgo ambiental». En contraste, Mendoza, Neuquén y La Rioja muestran posturas más abiertas, vinculando la energía nuclear con desarrollo y empleo calificado. Este mosaico normativo configura un federalismo nuclear fragmentado que condiciona la política nacional.
El problema crítico del uranio
Uno de los puntos más sensibles es el acceso al uranio, mineral indispensable para el ciclo del combustible nuclear. Argentina posee recursos relevantes en seis provincias pero no tiene minas activas. La reapertura de yacimientos como Sierra Pintada está bloqueada por restricciones ambientales o falta de consenso social, comprometiendo la autonomía estratégica del país y forzando la dependencia de importaciones.
Licencia social y conflictos territoriales
El informe destaca dos hitos que marcaron la relación entre energía nuclear y sociedad: el plebiscito de Esquel en 2003 donde el 81% rechazó un proyecto minero, y las protestas de 2017 en Río Negro que llevaron a prohibir nuevas plantas. Estos casos muestran cómo la «licencia social» se transformó en variable decisiva, requiriendo consenso político y comunitario para cualquier proyecto nuclear.
Encrucijada constitucional y soluciones posibles
La dualidad entre el artículo 41 de la Constitución (derecho a ambiente sano) y el 124 (propiedad provincial de recursos) permite a gobiernos locales vetar proyectos federales. Los autores definen esto como «federalización asimétrica» donde la Nación conserva responsabilidad estratégica pero pierde capacidad ejecutiva. La solución requiere una ley federal que establezca criterios comunes y una política de Estado que trascienda cambios de gobierno. Información extraída del medio Rio Negro.