La senadora rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) presentó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo informe los detalles de la desclasificación de archivos sobre la última dictadura militar, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni. La medida, calificada como «total», generó escepticismo en sectores vinculados a los derechos humanos.
Silva planteó una decena de preguntas al Gobierno: desde los plazos y el cronograma del proceso hasta el presupuesto asignado y el rol de las organizaciones civiles. «¿Cómo se garantizará la transparencia?», cuestionó la legisladora, quien también indagó sobre la conservación de los documentos.
El anuncio oficial se dio en el marco del 49° aniversario del golpe de 1976. Sin embargo, trabajadores del Espacio Memoria exESMA lo rechazaron de plano: «Es pura demagogia». En un comunicado, afirmaron que el objetivo real es «garantizar impunidad» a los represores. Además, cuestionaron la capacidad técnica del Gobierno: «Echaron al personal especializado. El Archivo Nacional de la Memoria lo dirige una experta en criptomonedas», señala BAE Negocios.
El presidente Javier Milei defendió la medida en redes: «A fondo en la búsqueda de la verdad. En su defecto, jamás habrá justicia». Pero los críticos recordaron que la calificación de delitos de lesa humanidad corresponde a estándares internacionales, no a decisiones unilaterales.