La empresa pesquera asegura haber cumplido «estrictamente» con todas las obligaciones del contrato y advierte sobre el mensaje negativo para las inversiones
La empresa pesquera Profand salió al cruce de la decisión del gobierno de Chubut de rescindir unilateralmente el acuerdo por los activos de Alpesca, firmado apenas seis semanas atrás. En un duro comunicado, la compañía expresó su «consternación» y advirtió que la medida envía «una preocupante señal de falta de seguridad jurídica» para las inversiones en la provincia y en el país.
Cumplimiento de Obligaciones y Inversiones Realizadas
Según detalló la empresa en su mensaje oficial, Profand aseguró haber cumplido «estrictamente» con todas las obligaciones asumidas en el contrato de arrendamiento firmado el 30 de septiembre. Esto incluyó inversiones significativas en la puesta a punto de la planta de procesamiento y la «gestión completa de la fuerza laboral», abarcando tanto la contratación como el pago de salarios. La compañía destacó que incluso había solicitado el 4 de noviembre la entrega de los permisos de pesca y los buques de Alpesca a Pesquera Deseado, tal como establecía el acuerdo con el Ejecutivo provincial.
El Momento Crítico de la Ruptura
Uno de los puntos más cuestionados por Profand fue el timing elegido por el gobierno para romper el vínculo contractual. La notificación de rescisión llegó «a escasas horas del inicio de la campaña de langostino en aguas provinciales», una instancia considerada clave para asegurar el volumen de captura y la continuidad operativa de la empresa. Este momento crítico, según la visión de la compañía, agrava el perjuicio causado por la decisión unilateral del gobierno chubutense, comprometiendo la planificación productiva y las inversiones ya realizadas.
Advertencia sobre el Clima de Negocios
La empresa, de capitales gallegos con base en Puerto Deseado, lanzó una advertencia sobre las consecuencias de esta medida para el clima de negocios en Argentina. Según informó el medio ADNSUR, Profand afirmó que el comportamiento del gobierno provincial «afecta negativamente al desarrollo de las empresas en el país» y anticipó que defenderá «los intereses legítimos de la compañía» frente a lo que interpreta como un incumplimiento estatal. Aunque el gobierno no emitió un comunicado formal explicando las razones de la rescisión, Profand indicó que la administración de Ignacio Torres «alegó su imposibilidad de cumplir con las obligaciones asumidas».
El conflicto se produce en un escenario político complejo para el mandatario chubutense, con el sector pesquero convertido en uno de los principales focos de conflicto de su gestión y en medio de pedidos de informe por parte de la oposición en la Legislatura provincial.