El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este lunes al país en estado de emergencia económica por 30 días.
La decisión, según el decreto ejecutivo, responde a una «inminente crisis fiscal» que se desató tras el archivo en el Congreso de una reforma tributaria clave para financiar el presupuesto de 2026, según informó la agencia de noticias DW.
Esta medida otorga al gobierno poderes excepcionales para implementar impuestos especiales con el objetivo de alcanzar una meta de financiamiento de 41.000 millones de dólares.
Aunque la economía colombiana muestra un desempeño sólido –con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado entre 2,6% y 2,7% para fin de año–, las finanzas públicas atraviesan una situación crítica. El gasto estatal ha crecido sostenidamente, financiado por un aumento del endeudamiento, sin un incremento paralelo en la recaudación tributaria. Este desequilibrio ha llevado a un déficit fiscal que se espera supere el 7% en 2025.
El contexto de la crisis: una reforma tributaria archivada
El detonante inmediato del decreto de emergencia fue el fracaso legislativo. El gobierno de Petro apostó por una nueva reforma tributaria que buscaba recaudar aproximadamente 4.000 millones de dólares adicionales para el presupuesto nacional del próximo año. Este paquete de impuestos, sin embargo, fue archivado por el Congreso a inicios de diciembre.
Ante este revés, Petro había advertido sobre la posibilidad de realizar «recortes drásticos» a la inversión pública. En sus propias palabras en la red social X: «Si no hay emergencia (económica), hay recorte». El decreto firmado este lunes argumenta que, sin acción inmediata, la crisis fiscal podría ocasionar «un ajuste drástico» en las finanzas del Estado y afectar gravemente el «bienestar de la población».
¿Qué implica el decreto de emergencia económica?
El decreto otorga al Ejecutivo facultades especiales por un mes para adoptar medidas tributarias de manera ágil, sin tener que pasar por el largo trámite legislativo ordinario. Esto permitirá al gobierno implementar impuestos especiales dirigidos a cerrar la brecha fiscal.
Por el momento, no se conocen los alcances específicos de estos nuevos tributos ni sobre qué sectores o actividades recaerán. La incertidumbre sobre la naturaleza de los gravámenes ha generado expectativa y preocupación en el sector empresarial y entre los analistas económicos. La medida busca asegurar los recursos que, según Petro, son indispensables para manejar las finanzas del país en 2026 y evitar un colapso del gasto social y de inversión.
La declaratoria de emergencia económica marca un punto de inflexión en la administración de Gustavo Petro. Al recurrir a este mecanismo excepcional, el gobierno busca sortear el bloqueo legislativo y tomar el control directo de la política tributaria en el corto plazo. El éxito de esta estrategia dependerá de la efectividad y aceptación social de los impuestos que se implementen en los próximos 30 días, un plazo perentorio para evitar lo que el mandatario califica como una crisis inminente.
