El Gobierno actualizó las multas al sector del gas desde enero de 2026, con nuevos montos para empresas licenciatarias y terceros.
El Gobierno nacional dispuso una actualización de las escalas de multas aplicables al sector del gas natural, que comenzarán a regir para las infracciones cometidas a partir del 1° de enero de 2026, alcanzando tanto a empresas licenciatarias como a terceros no prestadores.
Nuevas sanciones para el sector gasífero
La medida fue oficializada mediante la Resolución 973/2025 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa establece nuevos montos sancionatorios en función de las variaciones económicas registradas en la industria del gas. Información extraída de Noticias Argentinas.
Multas para terceros no prestadores
En el caso de los terceros no prestadores del servicio, la actualización de las sanciones se calculó en base a la evolución del Índice de Precios Internos Mayorista (IPIM). El ajuste fue del 15,88%, fijando una multa mínima de $126.013 y una máxima de $126.013.000 para las infracciones detectadas a partir del próximo año.
Escalas para empresas licenciatarias y subdistribuidoras
Para las empresas licenciatarias de transporte y distribución, así como para las subdistribuidoras, el incremento dispuesto fue del 21,60%. Con esta actualización, el rango de multas se ubica entre $154.861 y $154.861.000, según la gravedad del incumplimiento.
El cálculo contempló el incremento mensual promedio de las tarifas correspondientes a usuarios residenciales y de servicio general, en el marco del proceso de revisión tarifaria vigente.
Multas agravadas por reincidencia o impacto social
La resolución también prevé que, en casos de persistencia en el incumplimiento tras una intimación previa o ante infracciones de grave repercusión social, el monto de la multa para las empresas prestatarias podrá elevarse hasta $774.605.000.
Facultades del ente regulador
Desde ENARGAS explicaron que esta actualización semestral se realiza conforme a las facultades del organismo para adecuar las escalas sancionatorias a las variables económicas de la actividad regulada, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del sector.