El proyecto que busca blanquear bienes no declarados recibió dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados y será tratado este miércoles junto al Presupuesto. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, relaja controles patrimoniales a cambio de que los contribuyentes regularicen su situación fiscal.
El oficialismo obtuvo una victoria clave en el Congreso. Este martes, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitieron un dictamen de mayoría al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal. Según informaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas (NA), el despacho reunió 44 firmas, lo que permitirá tratar la iniciativa en el recinto este miércoles, en el marco del trámite exprés que también incluye el Presupuesto 2026.
El dictamen de mayoría fue suscripto por La Libertad Avanza (LLA), junto a sus aliados de la UCR, PRO, MID, Innovación Federal y Elijo Catamarca. Por su parte, Unión por la Patria (UxP) presentó un dictamen de minoría, mientras que Provincias Unidas aún no impulsó ninguno. Con esta aprobación en comisión, el Gobierno avanza en uno de sus principales objetivos legislativos para cerrar el año.
Los puntos clave del régimen de blanqueo
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo, crea un «Régimen simplificado de Ganancias» que, según la promesa oficial, dejará a los contribuyentes que adhieran «blindados para siempre». La iniciativa establece un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder acogerse al beneficio.
Una de las características más polémicas es que el régimen no controlará las variaciones patrimoniales ni los consumos de los adherentes. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARCA) solo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos facturados. El artículo 39 establece un «efecto liberatorio del pago» si se acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y se cancela en término, excepto que se hayan omitido ingresos de manera deliberada.
Cambios en los montos para evasión y reducción de plazos
El proyecto introduce cambios sustanciales en los parámetros que definen un delito fiscal. Para que se considere «evasión simple», el monto no declarado deberá superar los 100 millones de pesos (frente a los 1,5 millones actuales). Para la figura de «evasión agravada», el piso se eleva a 1.000 millones de pesos (antes eran 15 millones).
Además, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. El texto también ofrece un beneficio clave: ARCA no iniciará acciones penales siempre que el contribuyente cancele las deudas y sus intereses, aunque este beneficio solo podrá usarse una vez por persona.
Para quienes ya tengan una denuncia radicada, la regularización extinguirá la causa penal. Si la denuncia aún no se presentó, el contribuyente podrá cancelar las obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación. Aunque el proyecto relaja controles, también aumenta las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.
Con el dictamen asegurado, el Gobierno se encamina a obtener la media sanción en Diputados, en un movimiento que busca incentivar la declaración de activos no registrados y, según la visión oficial, ampliar la base de contribuyentes en el sistema formal.
