El ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, rechazó con dureza un fallo judicial que liberó a una imputada por falta de cupo. Aseguró que hay lugares y acusó a los detenidos de destruir celdas, desviando recursos que “duelen” y podrían ir a la infancia.
En un enérgico descargo, el ministro de Seguridad y Justicia del Chubut, Héctor Iturrioz, salió al cruce de la Justicia. Según información publicada por EL CHUBUT, el funcionario calificó como “falso” que no exista cupo carcelario en la provincia, tal como lo fundamentó un fallo de la jueza Lilian Borquez de Comodoro Rivadavia para otorgar la libertad condicional a una mujer acusada de tentativa de homicidio. Iturrioz, visiblemente indignado, vinculó la situación con actos de vandalismo dentro de las unidades y cuestionó el “confort” de los internos.
La polémica: ¿Falta de cupo o destrucción de celdas?
La discusión se centra en un fallo judicial que ordenó una excarcelación debido a la supuesta falta de espacio en las comisarías. Frente a esto, Iturrioz fue contundente: “La información es falsa. Tenemos lugares de detención”. El ministro expuso como ejemplo el Instituto Penitenciario Provincial, que cuenta con un pabellón para 36 mujeres pero solo aloja a 12.
El funcionario dirigió su enojo hacia lo que considera un círculo vicioso: el Estado invierte en acondicionar celdas, los detenidos las dañan, y la Justicia ordena nuevas soluciones o liberaciones. “Los propios presos queman y rompen los lugares de detención. Después, el juez de garantías dice ‘pobrecitos’ y se dispone la libertad”, afirmó en diálogo con LU20. Relató específicamente el caso de un pabellón femenino en Comodoro Rivadavia que fue incendiado, obligando a reacondicionar una comisaría.
“Centavos que duelen”: el costo de la destrucción y el confort cuestionado
Más allá de la disponibilidad de celdas, Iturrioz expresó una profunda frustración por el uso de los recursos públicos. “El Estado gasta muchos recursos donde me duele cada centavo, porque es dinero que se podría destinar a otra cosa, sobre todo a la infancia”, argumentó. Su molestia se extiende a lo que percibe como un trato excesivamente benevolente hacia los internos, llegando a mencionar que existen “órdenes judiciales para darles vacío de primera” para su alimentación.
Para el ministro, esta dinámica prioriza el confort de quienes delinquen por sobre otras necesidades sociales urgentes. “Solo importa que los presos tengan confort. En la Casa de la Mujer, que eran víctimas, estaban hacinadas. Eso no le importa a nadie”, contrastó con amargura. Su declaración final fue una crítica directa al Poder Judicial: “La solución es que los jueces cuiden a la sociedad y no a quienes la ofenden”.
El cruce pone en evidencia una tensión recurrente entre los poderes Ejecutivo y Judicial en materia de política penitenciaria y garantías, un debate que sigue abierto en Chubut y en gran parte del país.