El país acusó a los fondos litigantes de «hostigamiento sistemático» y pidió suspender el proceso de búsqueda de activos, tras una audiencia clave ante la jueza Loretta Preska.
En un nuevo capítulo de alta tensión del histórico juicio por la expropiación de YPF, la República Argentina endureció su posición frente a los demandantes en la justicia de Estados Unidos.
Durante una audiencia de seguimiento ante la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el país rechazó de manera categórica los pedidos de información considerados intrusivos, en particular los datos sobre las reservas de oro del Banco Central (BCRA), y solicitó formalmente la suspensión del proceso de búsqueda de activos embargables (conocido como discovery).
La postura argentina, calificada por las autoridades como «firme», se basa en el argumento de que estas solicitudes vulneran la soberanía y buscan «poner arena en los engranajes» de la recuperación económica.
Una disputa estratégica por la soberanía y los activos
La audiencia fue el escenario de un nuevo choque entre la defensa argentina, liderada por la Procuración del Tesoro de la Nación, y los fondos de litigio encabezados por Burford Capital, beneficiarios de un fallo inicial por USD 16.000 millones por la expropiación de la petrolera. Según Noticias Argentinas, el punto más álgido de la discusión fue el rechazo argentino a entregar información sobre la ubicación y composición de las reservas de oro del BCRA.
El argumento legal es contundente: el Estado sostiene que estas reservas son propiedad de una entidad autónoma (el BCRA) y están protegidas por inmunidad soberana de ejecución, lo que las convierte en activos inembargables. Para ilustrar la magnitud de la solicitud, las fuentes oficiales compararon el pedido con exigir a la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) que revele la localización exacta de sus propias tenencias de oro, algo considerado inadmisible en cualquier jurisdicción. El país también criticó otros requerimientos, como la entrega de comunicaciones privadas (como WhatsApp) de funcionarios.
El pedido formal de suspensión y el «hostigamiento sistemático»
En paralelo a su defensa en la audiencia, la Argentina presentó ante la jueza Preska un pedido formal para suspender el proceso de discovery y la moción de desacato impulsada por Burford. La fundamentación oficial es fuerte: acusa a los demandantes de llevar a cabo un «hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado» mediante pedidos intrusivos y desproporcionados, que habrían desnaturalizado el discovery como herramienta legal para transformarlo en un arma de presión política y financiera.
Para respaldar su pedido, la Procuración del Tesoro destacó que, a diferencia de administraciones anteriores declaradas en desacato, el gobierno actual cumplió ampliamente con sus obligaciones procesales, entregando más de 115.000 páginas de documentación relevante. El planteo es que, pese a esta colaboración «sin precedentes», los fondos no lograron identificar «siquiera un solo activo embargable» y, por el contrario, escalaron sus exigencias hacia terrenos jurídicamente inaceptables.
El próximo paso procesal está fijado para el 19 de febrero, cuando Argentina deberá presentar sus argumentos escritos en contra del pedido de sanciones y desacato de Burford. Este encuentro en Nueva York dejó en claro que la estrategia del país será la de una defensa agresiva en todos los frentes legales, apostando a que la justicia estadounidense reconozca los límites de su jurisdicción sobre activos soberanos clave para la economía nacional.
