Prisión preventiva para el responsable del incendio intencional en la Ruta 3.
La Justicia de Chubut actuó con celeridad frente a un grave episodio ocurrido en el límite norte de la provincia. Un hombre de 34 años, detenido bajo la sospecha de haber iniciado de forma deliberada un fuego en la banquina de la Ruta Nacional N° 3, deberá permanecer tras las rejas mientras avanza la causa judicial. Este hecho generó una inmediata preocupación debido a las condiciones de sequía y viento que imperan en la región, factores que podrían haber transformado un foco de pastizales en un desastre ambiental de mayor escala.
Detención en flagrancia y pruebas en el lugar del hecho
El incidente se registró a la altura del kilómetro 1309, donde conductores que circulaban por la zona alertaron sobre la presencia de llamas. Personal policial de Arroyo Verde acudió al sitio y logró extinguir el foco ígneo antes de que se propagara. Según Canal 12 Web, durante un rastrillaje posterior se localizó al sospechoso caminando por la ruta con quemaduras visibles en una de sus extremidades. Al verse rodeado por los efectivos, el sujeto intentó descartar un encendedor, acción que fue advertida y sumada como evidencia clave al expediente.
Audiencia de control y cargos por incendio intencional
En los tribunales de Puerto Madryn, el juez penal Horacio Yanguela encabezó la audiencia donde el Ministerio Público Fiscal formuló los cargos correspondientes. El imputado, identificado como J.I.M y oriundo de la provincia de Tucumán, fue acusado formalmente por el delito de incendio intencional. El fiscal Juan Pablo Santos argumentó la necesidad de la medida de coerción para proteger el proceso investigativo, logrando que el magistrado dicte la prisión preventiva por un plazo inicial de 20 días.
Riesgos ambientales y plazos de la investigación judicial
Desde la Fiscalía se resaltó que la rápida denuncia de los automovilistas fue determinante para evitar consecuencias trágicas en la zona de Arroyo Verde. El proceso judicial contará con un periodo de seis meses para la recolección de pruebas adicionales y peritajes sobre los elementos secuestrados. Este caso pone nuevamente en debate la necesidad de sanciones severas para quienes atenten contra la seguridad pública y el ecosistema, especialmente en una temporada estival marcada por la emergencia ígnea en diferentes puntos de la Patagonia.