El Gobierno reformó la SIDE con el DNU 941/25, redefiniendo funciones y generando críticas opositoras que alertan sobre riesgos institucionales y falta de control.
El Gobierno nacional anunció una profunda reforma del Sistema de Inteligencia Nacional, formalizada a través del DNU 941/25, con el objetivo de redefinir competencias y estructura de la Secretaría de Inteligencia de Estado. La medida busca adecuar el esquema a los desafíos actuales y fortalecer su alineación con los estándares democráticos y republicanos.
Alcances de la reforma
Según La17, el Ejecutivo sostuvo que la inteligencia debe concentrarse en la producción de información estratégica para asistir la toma de decisiones de las autoridades electas. Uno de los ejes centrales es la delimitación precisa de funciones, eliminando atribuciones incorporadas en décadas anteriores sin sustento institucional.
Entre los cambios más relevantes:
- La seguridad interna pasa al Ministerio de Seguridad Nacional.
- La protección de infraestructura crítica y sistemas de información queda bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
- La Agencia de Seguridad Nacional se circunscribe exclusivamente a tareas de contrainteligencia, definida como la protección del Estado frente a espionaje extranjero o injerencia externa, descartando prácticas de espionaje interno o seguimiento de actores políticos y sociales.
Reestructuración institucional
La reforma también dispuso la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), para evitar superposición de competencias con los organismos del Estado Mayor Conjunto. El objetivo es consolidar un esquema más integrado en materia de defensa.
Otro punto destacado es la implementación de un nuevo sistema de intercambio de información entre organismos del Estado, basado en trazabilidad, automatización y registro obligatorio de cada requerimiento. Según el Ejecutivo, este mecanismo busca reducir la discrecionalidad y fortalecer los controles legales, técnicos y presupuestarios.
Críticas y objeciones
Desde el Gobierno se señaló que la reforma forma parte de un proceso más amplio de transformación del Estado, orientado a dejar atrás prácticas de opacidad y uso político de las estructuras públicas. Sin embargo, las críticas opositoras no tardaron en aparecer.
El diputado Leopoldo Moreau advirtió que el DNU configura una modificación integral del marco legal vigente y que “implica el dictado de una nueva Ley de Inteligencia, violando expresamente la Constitución Nacional”.
Por su parte, Agustín Rossi, diputado de Unión por la Patria, alertó que el decreto redefine el perfil operativo de la Secretaría de Inteligencia y podría transformarla en “una fuerza parapolicial”. Señaló además que la norma habilita al organismo a disponer de personal militar y de fuerzas de seguridad para cumplir tareas de inteligencia, alterando el esquema de funciones establecido hasta ahora.
Pronunciamientos opositores
Las críticas se ampliaron con un comunicado conjunto de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, que cuestionaron el procedimiento elegido por el Ejecutivo. Los bloques remarcaron que el DNU introduce cambios de fuerte impacto institucional y que “no existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso”.
También subrayaron que el nuevo esquema incrementa la falta de transparencia en un ámbito que requiere límites claros y control parlamentario efectivo, especialmente cuando aún no se encuentran plenamente conformadas las comisiones bicamerales encargadas de esa supervisión.
La reforma de la SIDE abre un nuevo capítulo en el debate político argentino. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de modernizar el sistema de inteligencia y limitar sus funciones, la oposición advierte sobre riesgos institucionales y reclama que los cambios se discutan en el Congreso.