En un fuerte alegato que denuncia «hostigamiento sistemático», el Gobierno argentino solicitó formalmente a la justicia de Nueva York la suspensión del proceso de discovery en el juicio por YPF.
Según Noticias Argentinas, la Procuración del Tesoro elevó un pedido ante la jueza Loretta Preska para detener lo que califica como una búsqueda «intrusiva y desproporcionada» de activos estatales por parte del fondo Burford Capital.
El escrito judicial sostiene que estos pedidos «afectan de manera directa a la soberanía argentina» y se han transformado en una herramienta para «entorpecer el normal funcionamiento del Estado». El Gobierno argumenta que, a diferencia de gestiones anteriores, ha cumplido «plenamente» con todas las obligaciones del tribunal desde diciembre de 2023.
El conflicto se agrava: el pedido sobre el oro del BCRA
El punto de mayor tensión que precipitó la presentación argentina fue un reciente requerimiento de los acreedores. En las últimas semanas, Burford Capital escaló su presión al solicitar información específica sobre «la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina».
El Estado argentino rechazó de plano este pedido, aclarando en su presentación que dichas reservas «son propiedad del Banco Central» y, como tales, «resultan protegidas por la inmunidad de ejecución». Esto significa que, bajo principios del derecho internacional, constituyen activos que no pueden ser embargados para pagar una sentencia privada, por lo que cualquier requerimiento sobre ellos es considerado «manifiestamente improcedente».
Un «hostigamiento» que busca poner «arena en los engranajes»
La Procuración del Tesoro cargó duramente contra la estrategia de los fondos buitre. El documento oficial acusa a los demandantes de haber «escalado sus reclamos hacia pedidos cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos y costosos». Más grave aún, señala que los fondos «manifestaron de forma explícita su objetivo de ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina».
Esta conducta fue calificada por la representación legal argentina como «inaceptable jurídica y moralmente». Según el Gobierno, el proceso de discovery —un mecanismo legal que permite a los ganadores de un juicio rastrear bienes para embargar— se ha «desnaturalizado», dejando de ser una herramienta de ejecución para convertirse en una forma de presión política y económica contra un Estado soberano.
El contraste: cumplimiento actual versus desacatos pasados
En su defensa, la administración nacional busca marcar una diferencia clave con los gobiernos anteriores. Desde la PTN recordaron que, «durante gobiernos anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades». En contraste, destacaron que desde la asunción del actual gobierno «la Argentina siguió plenamente con el proceso» y cumplió con «todas las obligaciones impuestas por el tribunal».
Para respaldar esta afirmación, subrayaron que el Estado realizó «un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes». La presentación busca demostrar que la negativa actual no es una falta de colaboración, sino un límite legal frente a pedidos considerados abusivos y extraterritoriales.
La batalla legal continúa en todas las instancias
La presentación ante la jueza Preska no es el final del camino, sino una movida táctica más en un litigio de larga data. El Gobierno ratificó que «continuará ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance» para proteger la soberanía nacional.
El objetivo declarado es «poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional». La decisión de la jueza Preska sobre si suspende o no el discovery será un indicador crucial de cómo la justicia estadounidense balancea los derechos de los acreedores con las inmunidades soberanas de un Estado.