Un informe advierte que el Presupuesto 2026 fue aprobado sin asignar partidas a leyes clave, lo que pone en duda su financiamiento durante el año
El Presupuesto Nacional 2026 comenzó a generar fuertes cuestionamientos tras conocerse que las partidas asignadas no contemplan el financiamiento de leyes clave, como Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. La situación se origina en modificaciones aprobadas por el Congreso que incrementaron el gasto, pero sin ajustar las partidas del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Un presupuesto con gastos aprobados pero sin partidas asignadas
Según un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), el reparto de créditos presupuestarios realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no incluye los fondos necesarios para cumplir con las leyes de discapacidad y universidades públicas. Esto no responde a una decisión administrativa puntual, sino a que el Congreso sancionó el Presupuesto 2026 sin modificar las partidas originales del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional.
El documento señala que durante el tratamiento legislativo se incorporaron nuevos gastos equivalentes al 0,56% del PBI, pero sin asignarles partidas específicas. De esta manera, el Presupuesto fue aprobado con la estructura de fondos prevista inicialmente, pese a los cambios introducidos.
Leyes vigentes y financiamiento en duda
ASAP advierte que el financiamiento de estas políticas podría quedar sujeto a futuras adecuaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio. Esto se vuelve relevante ya que el Presupuesto establece como objetivo un resultado financiero equilibrado o superavitario, según ambito.
Cabe recordar que el proyecto original del Ejecutivo incluía la derogación de ambas leyes, iniciativa que finalmente fue descartada por el Congreso. De no haberse eliminado ese artículo, el gasto se habría mantenido dentro de las partidas previstas inicialmente.
Según ámbito, recientemente la Justicia ordenó al Gobierno nacional adoptar medidas para cumplir con la ley de discapacidad, mientras que tanto esta norma como la de financiamiento universitario continúan siendo cuestionadas por el Ejecutivo, que sostiene que fijan gastos sin detallar fuentes de financiamiento.
Ingresos, gastos y el ajuste previsto para 2026
De acuerdo con el informe, la Administración Pública Nacional iniciará 2026 con una caída real de ingresos del 12% respecto de 2025 y un recorte del gasto del 4,9%. Si bien los ingresos nominales subirían un 10%, la inflación proyectada provocaría una baja en términos reales.
En paralelo, el Gobierno analiza una reducción de aportes patronales y del Impuesto a las Ganancias para empresas, medidas que implican resignar recursos por casi un punto del PBI. Este contraste refuerza las críticas sobre la priorización del ajuste en áreas sensibles como discapacidad y educación superior.
El debate por el Presupuesto 2026 deja expuesta una tensión central: leyes vigentes que amplían derechos, pero sin partidas asignadas para garantizar su cumplimiento. El escenario anticipa un año de discusiones políticas, judiciales y económicas sobre cómo y con qué recursos se sostendrán estas políticas públicas.
