Un informe oficial reveló que el país alcanzó un récord histórico de personas detenidas y que las cárceles operan muy por encima de su capacidad
El sistema penitenciario argentino atraviesa una de sus crisis más profundas. Un informe oficial reveló que el país alcanzó un récord histórico de personas privadas de la libertad, con establecimientos que operan muy por encima de su capacidad y alertas sobre el uso extendido de la prisión preventiva y las penas cortas.
Un sistema penitenciario al límite de su capacidad
Al 31 de diciembre de 2024, Argentina registró 121.443 personas privadas de la libertad, lo que representa una tasa de 258 detenidos cada 100.000 habitantes, la más alta desde que existen registros. El nivel de ocupación carcelaria llegó al 130,2%, es decir, 130 personas alojadas en espacios preparados para 100.
Los datos surgen del informe “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos. Argentina. Año 2024”, elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), según informó el medio Ámbito.
Las provincias con mayor tasa de encarcelamiento
Cinco jurisdicciones superan ampliamente el promedio nacional. Córdoba encabeza el ranking con casi 377 detenidos cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza (308), Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267).
Si bien varias provincias ampliaron su infraestructura penitenciaria durante 2024, estas medidas no lograron reducir de forma significativa la cantidad de personas detenidas en comisarías ni frenar el crecimiento del encarcelamiento.
Prisión preventiva y penas cortas, en el centro del debate
El CNPT advirtió que la sobrepoblación no se explica solo por la falta de cárceles. Entre las causas estructurales se destacan el uso sistemático de la prisión preventiva, el incremento de condenas cortas, la mayor severidad penal y la escasa aplicación de medidas alternativas al encierro.
En términos absolutos, la cantidad de personas detenidas sin condena firme pasó de 43.191 en 2022 a 45.305 en 2024. Además, las mujeres y personas trans presentan niveles más altos de prisión preventiva que los varones.
El impacto de las condenas de corta duración
Otro dato relevante es el aumento de personas condenadas a penas de hasta tres años, que representan el 17% de la población condenada, frente al 13,5% registrado en 2022. Se trata mayormente de delitos de baja lesividad, que podrían admitir sanciones alternativas, pero que continúan ejecutándose con prisión efectiva.
Salud mental y vulneración de derechos
El informe también alertó sobre la situación de 256 personas alojadas en cárceles bajo medidas de seguridad por motivos de salud mental. El CNPT remarcó que el entorno penitenciario no garantiza abordajes terapéuticos adecuados y genera múltiples vulneraciones de derechos.
El crecimiento sostenido de la población carcelaria vuelve a encender el debate sobre la política criminal en Argentina. Mientras los números baten récords, los organismos de control insisten en la necesidad de reformas profundas que prioricen alternativas al encierro y un enfoque integral de derechos humanos.