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Lo culpan de intentar “obstaculizar” un procedimiento que está implícito en el Código Procesal Penal, al querer evitar que abogados de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la Región tomen vista del expediente, en el que están registradas todas las diligencias y acciones que supuestamente ha venido realizado hasta ahora por la muerte de Martín Alejandro “Tino” John, el productor de la comarca andina chubutense asesinado de un tiro en la cabeza por un policía del GEOP, en medio de un criminal procedimiento llevado adelante en su propio domicilio en mayo del año pasado.

Los letrados tuvieron que presionarlo labrando un acta en el lugar con testigos que lo firmaron, para que accediera a la petición que realizada y que por Ley les corresponde.

¿Qué pretende ocultar Díaz Meyer? Esa es la duda que les quedó a quienes fueron protagonistas y testigos de lo que pasó este viernes en la fiscalía de El Hoyo de Epuyén luego que llegaran al lugar los abogados Daniel Gómez Lozano y Miguel Wisky a pretender sacar fotocopias del expediente y Díaz Meyer (uno de los operadores que tiene el procurador Jorge Miquelarena en la zona) en principio no se lo autorizara.

El fiscal nunca recibió a los letrados y  utilizó para contactarse con ellos a un empleado suyo que iba y venía de su despacho recibiendo instrucciones de lo que debía decirles a los abogados que están respaldados por la Ley y tienen el mandato de la APDH para constituirse como querellantes”. Tal como Cholila Online lo anticipó hace algunos días.

Todo esto pasa en el marco de un caso en el que pesa mucha desconfianza sobre el accionar del fiscal Díaz Meyer, de quien no son pocos los que sostienen que “está protegiendo a alguien”, jugando “como si fuera un abogado defensor” en un proceso penal en el que tardó un año para pedir la apertura de la causa contra Luis Américo Moggiano, el policía del GEOP de Chubut que mató de un tiro en la cabeza a “Tino” John en medio de un procedimiento en la propia casa de la víctima; un paciente siquiátrico, en el que la misión del grupo especial era desarmarlo para que John fuera trasladado al hospital.

Ese hecho, en el que John literalmente fue fusilado, sucedió el 27 de mayo del año pasado y todavía hoy –según el fiscal—no se habrían terminado con ciertas pericias que se habrían hecho mal o que carecerían de certeza. Parece que Díaz Meyer tuvo que llegar al año del crimen para darse cuenta de que un perito oficial no había hecho las cosas bien y ahora –lo dijo a un medio afín a ellos—va a mandar a hacer de nuevo esa pericia.

Mientras tanto sobrevuela la versión de que el 20 de setiembre se haría la audiencia de apertura de investigación contra el policía Moggiano, a quien el cuestionado fiscal en esa audiencia le atribuiría toda la responsabilidad de lo ocurrido en la casa del productor que mató, en el paraje Las Golondrina.

El acta que se labró este viernes en la fiscalía de El Hoyo, con motivo de la sospechosa actitud de Díaz Meyer al intentar prohibirles a los abogados de Derechos Humanos acceder al expediente del caso dice textualmente lo siguiente:

“Que los abogados de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Daniel Gómez Lozano y Miguel Wisky se presentaron a las diez horas en la fiscalía de El Hoyo a los efectos de presentar un escrito acreditando personería y solicitando fotocopias del caso de la muerte de Martín John. El escrito no fue recibido por personal de fiscalía (Matías de Jesús) aduciendo órdenes del fiscal Díaz Meyer por lo que se le informó que se volvería al lugar con testigos para labrar acta del rechazo”

“Habiendo regresado a las once y media con los testigos que firman al pie, dejamos constancia que nuevamente el mismo empleado, aduciendo haber recibido órdenes expresas del fiscal Díaz Meyer, se negó a recibir el mismo escrito, que acreditaba la representación de la APDH (adjuntando el poder) y solicitando fotocopias del caso donde se investiga la muerte de Tino John. Caso número 2981”

“Dejamos constancia también que el mismo empleado ingresó varias veces a consultar al fiscal y que después de insistir durante 18 minutos se nos recibió el escrito aduciendo tener instrucciones diferentes”

“Se deja constancia del presente a los efectos que estime corresponder la APDH y para dejar constancia de la obstaculización objetiva del ejercicio de participación en juicio de las victimas establecido en el Artículo 98 Inc. 5 del Código de Procedimientos Penal”, se indica finalmente el acta, y debajo hay cerca de cincuenta firmas de testigos.

Luego de los hechos de represión y violencia institucional en las marchas antimineras, La Comisión Interamericana de DDHH da curso a una denuncia por Violación a los Derechos humanos en Chubut.

La Comisión Interamericana de DDHH da curso a una denuncia por Violación a los Derechos humanos en Chubut luego de las represiones en la distintas marchas en contra de la ley de Zonificación Minera aprobada el miércoles 15 en la Legislatura.

«Ante los gravísimos hechos de represión y violencia institucional por parte de las autoridades provinciales de Chubut, con la mirada complaciente del Gobierno Nacional y siendo que están vulneradas las garantías constitucionales para el ejercicio del derecho a la protesta social ante la aprobación de la zonificación minera ignorando la falta de licencia social, hemos puesto en conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – aplicando el protocolo de actuación ante la violación de derechos humanos en el sistema interamericano – la situación de violencia a la que está sometiendo la población chubutense», indicaron a través de una nota.

Y agregaron: «Esto implica que a partir de ahora todo hecho de violencia institucional en el contexto del reclamo del Pueblo de Chubut contra la zonificación minera, entra en el marco de una supervisión y alerta permanente, y será comunicado inmediatamente al sistema de protección de Derechos Humanos mediante el expediente abierto por la CIDH, para que inste al Estado Argentino a que respete y garantice la integridad física, la vida y el derecho a la protesta social de cada ciudadano y ciudadana chubutense».

La Argentina pidió este lunes, tras los recientes comicios en Nicaragua, donde fue reelecto el presidente Daniel Ortega, que ese país «cuanto antes recupere el diálogo y la convivencia democrática» y volvió a manifestar su «preocupación» por la detención de dirigentes opositores, ante lo cual reclamó «el respeto de los derechos humanos de toda la población» de esa nación.

En una serie de mensajes en la red Twitter, la Cancillería, a cargo de Santiago Cafiero, expresó que «la República Argentina ratifica su histórico compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y apoya con firmeza el trabajo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, respecto de la situación en Nicaragua».

La expresidenta chilena había dicho ante el Consejo de Derechos Humanos en Suiza que «resulta imperativo que el gobierno» de Nicaragua «vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas las y los nicaragüenses; que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil».

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo además que «reiteramos nuestra preocupación ante la detención de dirigentes opositores, así como la necesidad de que el gobierno nicaragüense vele por el respeto de los derechos humanos de toda la población».

«A horas de haber finalizado el acto eleccionario, mantenemos nuestra tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas en otras naciones», aclaró la cartera que dirige Cafiero.

Pero a la vez sostuvo que «en Argentina entendemos que la democracia supone respetar la diversidad ideológica y la participación cívica sin proscripciones».

«Debemos acompañar al pueblo de Nicaragua para que cuanto antes recupere el diálogo y la convivencia democrática«, sentenció la Cancillería.

Fuentes diplomáticos ratificaron que «Argentina cuestiona el desenlace del proceso electoral en Nicaragua y reitera su preocupación por el arresto de dirigentes opositores y los casos de proscripción política».

«No obstante, a la vez mantiene su tradición de no injerencia en asuntos internos» de otros países «tal como lo explicita en la comunicación oficial», añadieron los portavoces.

También aclararon que «nuestro país no rompe relaciones con Nicaragua y mantiene su postura de condena a los bloqueos físicos y financieros que sólo llevan a agravar el sufrimiento de su pueblo».

Telam SE

Fuente: Télam Digital

En el marco del 45° Aniversario de la última dictadura cívico-militar, el Ministerio de Gobierno y Justicia del Chubut, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, adhiere a la Campaña “Plantamos Memoria”, convocada por los organismos de Derechos Humanos para conmemorar el “Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”. La invitación fue realizada por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, para el próximo #24M.

Evento en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew

En este contexto, la subsecretaria de Derechos Humanos de Chubut, Carla Sánchez Galindo, señaló que “adherimos a la propuesta de los organismos de Derechos Humanos de la Campaña Nacional ‘Plantamos Memoria’. La misma se realizará en el ‘Centro Cultural por la Memoria’ (CCXM), en el marco del acto oficial que se llevara a cabo a las 11.30 hs, se entregarán semillas y se invitarán a los y las presentes a plantar árboles en el predio del CCXM en Memoria de los 30 mil compañeros detenidos y desaparecidos”.

“Aquellos que se sumen a la iniciativa, les pedimos que nos envíen su registro fotográfico o audiovisual a la siguiente dirección de correo electrónico, a fin de que podamos compartir las acciones en las redes: derechoshumanos@chubut.gov.ar”, precisó la funcionaria.

Asimismo, a 45 años del inicio de la dictadura más sangrienta de nuestro país, se inaugurará una muestra homenaje al artista plástico Enrique “Quique” González en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew. “Quique” nació en Dolavon el 21 de febrero de 1961 y trabajó en la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chubut desde su creación hasta el año 2011 en una de sus áreas más sensibles, atendiendo denuncias por vulneración de Derechos, sin descuidar nunca su arte, ese que sabía convidar a todos quienes formamos parte de su vida.

En 2011, comenzó a desempeñar sus funciones en el “Centro Cultural por la Memoria”, dictando talleres de dibujo para niños y niñas hasta el 24 de agosto de 2019 momento de su fallecimiento. Dentro de la selección de su vasta obra, se expondrán los trabajos vinculados a la temática de Derechos Humanos.

Dentro de sus aportes artísticos a la Subsecretaría, se destaca la ilustración del poema “Para no Morir” a 30 años de Democracia, la portada del manual “Qué hacer si te detienen” -editado en el 2007-, ilustraciones para la campaña “Conocer para ejercer” del año 2011, e ilustraciones para el cuaderno de Rawson, compuesto por poemas escritos por presas y presos alojados políticos en la Unidad Penitenciaria N°6 (U6) de Rawson durante la última dictadura militar, entre otros.

A través de una profunda ternura el artista nos sumerge en pequeños universos que brotaban de su lápiz: abrazos, familias, flores, sonrisas, rondas colmadas de diversidad y alegría. Su obra se caracteriza por la ternura pero también por el humor al que recurre desde la mirada de un niño que inventa una versión más amable de este mundo. El paisaje patagónico siempre presente con su fauna reflexiva, árboles cargados de vida, y especialmente «la madre», que fue una figura central dentro de su obra. Por este motivo se seleccionó especialmente un apartado homenaje a las madres, y especialmente, a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en su lucha inclaudicable por Memoria, Verdad y Justicia.

“RememorArte”

En otro sector del salón, se podrá apreciar el trabajo en proceso de Nadia Pissano «RememorArte», intervenciones en forma de dioramas inspirados en la vida de desaparecidos y desaparecidas de Chubut. Dicha instalación será acompañada por cortos audiovisuales con testimonios de amigos y familiares de detenidos y desaparecidos.

Las muestras podrán visitarse del 24 de marzo al 16 de abril, en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew, en grupos no mayores 10 personas según protocolos.

“Cuadernos de Rawson”

Se contará, además, con la participación de Hebe Mabel Garro, profesora y licenciada en Letras. Dentro de su labor como docente integró mesas examinadoras en la U6 de Rawson dónde se encontraban recluidos cientos de presos y presas políticas durante la última dictadura cívico militar. De allí rescató un valioso cuaderno con 18 poesías de las que va a hacer lectura y también hará entrega del “Cuaderno de Rawson” al Archivo Provincial de la Memoria.

Durante los últimos años buscamos incansablemente a los autores y autoras de las poesías del cuaderno de Rawson. Mercedes Valente desde Córdoba nos trae este sentido relato sobre su compañero de vida Pascual Seydell, autor de uno de estos preciosos poemas.

Para finalizar la jornada de reflexión, contaremos también con la participación de la Coordinadora del Plan de Lectura del Ministerio de Educación, Verónica Raggio, quien nos compartirá la lectura de poesías de Zito Lema, dando pie al cierre con la actuación musical de artistas invitados por la Municipalidad de Trelew.

 

Un ataque con misiles en la zona del norte de Siria ocupada por Turquía hirió este lunes a varios civiles, mientras Reino Unido anunció sanciones contra seis miembros del Gobierno del presidente Bashar al Assad, entre ellos su canciller, a diez años del inicio de la guerra en el país árabe, que dejó devastación, sufrimiento humanitario y éxodo forzoso.

Misiles balísticos fueron disparados desde la base aérea de Kuweires, en Alepo, ciudad bajo control del Gobierno sirio, y alcanzaron las ciudades de Al Bab y Jarablus, informaron el Ministerio de Defensa turco y la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), con sede en Londres.

El ataque «tuvo como objetivo asentamientos civiles y camiones cisterna de combustible (…) varios civiles resultaron heridos», dijo el Ministerio en un tuit.

El OSDH dijo por su parte que sus fuentes en el terreno escucharon fuertes explosiones cerca de Jarablus «causadas por ataques con cohetes de origen desconocido» y que varios civiles y trabajadores resultaron heridos.

El desplome económico del país árabe que fue una potencia regional tardará décadas en recuperarse, tras registrar una caída del gasto real per cápita del 70% desde el inicio del conflicto y más de un 82% dedicado a gasto corriente, lo que proyecta una casi nula posibilidad de invertir en la reconstrucción.

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos produjo el observatorio Transition Minerals Tracker, que monitorea las políticas y prácticas de derechos humanos de las corporaciones que extraen seis materias primas fundamentales para la transición hacia la energía limpia: cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel y zinc. Se prevé que la extracción de estos seis minerales -componentes básicos para producir tecnologías de energía renovable, como vehículos eléctricos y paneles solares- aumente drásticamente con la demanda creciente de esta tecnología. Sin embargo, muchas de las corporaciones que producen estos minerales han recibido múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos.

Se investigaron las prácticas de 103 empresas entre 2010 y 2020 y dicho estudio relevó 276 denuncias de abusos de derechos humanos. Si bien aproximadamente la mitad (49) de estas empresas cuentan con una política de derechos humanos, las denuncias indican una importante desvinculación entre las políticas y la práctica.

El monitoreo, que se confeccionó sobre la base de noticias en medios de comunicación y sobre denuncias realizadas formalmente, determinó que casi la mitad (45 %) de las denuncias se refieren a los impactos que sufren las comunidades, incluyendo la intimidación y ataques contra personas, organizaciones de la sociedad civil y sus líderes. Los impactos van desde repercusiones sobre los medios de vida, desplazamiento forzado y protestas, hasta acusaciones de silenciar las voces críticas mediante amenazas e intimidación.

Entre las 256 denuncias, se consignan 125 de impacto comunitario, 119 de impacto ambiental, 68 de gobernanza y transparencia, 67 de impacto en los trabajadores, 36 de seguridad y zonas de conflicto y 12 vinculadas a la pandemia de Covid. Mientras que 18 empresas acumulan el 80% de las denuncias registradas, el resto se distribuye entre los seis minerales y todas las regiones geográficas, lo que sugiere que los abusos son un fenómeno muy extendido en el sector.

Comunidades afectadas

Según los datos recabados, la mayoría de las denuncias implican impactos y ataques a las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y sus líderes (125 denuncias). Los hallazgos indican que más de un tercio (36 por ciento) de todos los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos están vinculados con el sector extractivo.

“En 33 casos (uno de cada ocho, o el 12 por ciento) las comunidades respondieron a través de protestas, marchas, huelgas o bloqueos contra la mina, lo que indica el alto nivel de frustración dentro de las comunidades”, interpreta el monitoreo. “La consulta y el consentimiento de la comunidad son esenciales para garantizar que los proyectos de energía renovable que permiten la transición energética urgente para abordar la crisis climática beneficien a la población mundial y local”, afirma. Sin embargo, el estudio muestra que uno de cada ocho abusos de derechos humanos registrados en el campo de los minerales de transición supone una comunidad protestando.

“La falta de consentimiento afecta negativamente a las comunidades indígenas, que están en la primera línea tanto de la crisis climática como del abuso por parte de empresas extractivas y de energías renovables. Una de cada diez (10 por ciento) denuncias registradas se relaciona con los derechos indígenas”, advierte el Tracker.

Contaminación del agua

“Las acusaciones de impacto ambiental continúan siendo una fuente importante de abuso entre las empresas que producen minerales de transición”, señala el monitoreo. El primer análisis global, de agosto de 2019, encontró que los impactos ambientales, el acceso al agua y los impactos en la salud fueron las tres principales acusaciones registradas. En 2021, esos mismos tipos de abuso son los más habituales. Casi nueve de cada diez (89 por ciento) de las acusaciones ambientales están relacionadas con derechos hídricos.

“La minería consume mucha agua. La desigualdad de poder deja a las comunidades con fuentes de agua y tierras de cultivo secas”, señalan desde el observatorio. La contaminación del agua representa una quinta parte (22 por ciento) de todas las denuncias, y el acceso al agua representa una de cada seis denuncias (17 por ciento). Juntos, más de un tercio (38 por ciento) de las denuncias registradas están relacionadas con el agua. Además, 17 de 38 denuncias relacionadas con impactos en la salud también significaron denuncias relacionadas con el acceso o la contaminación del agua.

Por otra parte, una cuarta parte, 68 de las 276 denuncias, se relacionan con la gobernabilidad y la transparencia. Casi la mitad de ellos son denuncias de corrupción, incluidos pagos a gobiernos, tráficos de influencias, lobby y mala gestión de fondos. Otras 28 son denuncias de evasión fiscal, que incluyen el impago de fondos a la comunidad como requieren las leyes o los contratos de explotación minera.

Advertencia

“La necesidad de una descarbonización es urgente. Sin embargo, las denuncias registradas en Transition Minerals Tracker muestran que los abusos de derechos humanos en la cadena de suministro para la producción de tecnologías de energía renovable podrían comprometerla”, advierte el estudio realizado. “Si introducimos medidas para ponerle fin a esos daños, podemos garantizar un futuro en que se logre no solo una emisión de carbono, sino en el que todas las personas se beneficien de un sector sostenible y respetuoso de los derechos”, alientan.

“Este rastreador busca mejorar las prácticas de derechos humanos de las empresas que producen los minerales vitales para los sectores de energía renovable y vehículos eléctricos, al arrojar luz sobre los riesgos clave de derechos humanos en las geografías donde operan, y las políticas y prácticas de derechos humanos del empresas más importantes de este subsector”, apuntaron en el informe.

Fuente: Agencia Tierra Viva

A las instalaciones del Concejo Deliberante se acercaron María Luján Gutierrez, Cristian Low y Tomás Arrieta, integrantes del movimiento ‘Militantes por los Derechos Humanos’, que fueron recibidos por el concejal Vleminchx y el secretario municipal Turienzo. Durante la reunión los militantes presentaron tres pedidos concretos para dar visibilidad a casos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, puntualmente ocurridos en nuestra ciudad.

Fueron recibidos por el presidente del Bloque Frente de Todos, Daniel Vleminchx, y el Secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales, Ezequiel Turienzo. Se dialogaron diversas iniciativas que deberán ser evaluadas por los funcionarios municipales

La primera de las iniciativas refiere a la realización de un mural “relacionado al 24 de marzo, fundamentalmente con los desaparecidos durante la última dictadura militar y específicamente con los casos en Comodoro Rivadavia”, explicó el concejal Vleminchx. Así mismo el edil expresó que esta iniciativa lleva varios años y que implica “otras definiciones que tienen que ver con el espacio público” y que desde su espacio político “el Bloque del Frente de Todos va a hacer una Expresión de Deseos para que esto ocurra, y quedamos en contacto para ir avanzando en esa alternativa”.

Otra iniciativa es tomar contacto con la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia a los efectos de solicitar la geolocalización de espacios en Comodoro Rivadavia “donde hubo situaciones irregulares durante la última dictadura militar, como espacios clandestinos para detención de compañeros y militantes de diversos sectores políticos”, manifestó Vleminchx, reconociendo que “este tipo de situaciones ha ocurrido a lo largo y ancho de nuestro país durante esa época”. Luego de tener certeza sobre esos lugares sería posible avanzar en una referenciación de lo ocurrido allí.

El diálogo se llevó adelante con gestos de acompañamiento por parte de los funcionarios, “principalmente porque tenemos un fuerte sentido de pertenencia a un proyecto político que tiene relación con la verdad, la memoria y la justicia”, manifestó Vleminchx, al mismo tiempo que puso en valor la presencia del secretario municipal Ezequiel Turienzo “que fue instruido por el intendente para brindar su acompañamiento a la iniciativa”, finalizó el edil justicialista.

 

El Equipo Argentino de Antropología Forense inició este lunes los trabajos de relevamiento aéreo sobre la guarnición militar de Campo de Mayo para identificar enterramientos ilegales de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

El vuelo de los antropólogos sobre las 5.000 hectáreas del territorio militar, que albergó cuatro centros clandestinos de detención, llegó precedido de un trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo y la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, a cargo de la investigación.

El EAAF inició en 2006 la etapa de “investigación preliminar” para poder entender acabadamente el funcionamiento en los centros clandestinos y así determinar, a priori, los posibles lugares de enterramientos.

Los científicos argentinos, referencia mundial en la búsqueda e identificación de desaparecidos, realizaron esta investigación histórica en estrecha colaboración con el sobreviviente Juan Carlos “Cacho” Scarpati, quién logró fugar de Campo de Mayo para dar testimonio de los horrores que allí ocurrían.

El coordinador de la “Unidad de Búsquedas” del EAAF, Marcelo Castillo, explicó que “en el terreno hay una variedad grande de edificios, vegetación y demás, definimos utilizar, por primera vez en la Argentina, la tecnología LIDAR en un vuelo aerotransportado para determinar zonas de interés”.

El vuelo con este sistema de escaneo láser, partió este lunes a la mañana de la base aérea de Morón y cubrió en unas cinco horas la superficie de Campo de Mayo, tomando los registros que, luego del análisis conjunto con expertos de la Universidad de La Plata, determinará “anomalías” bajo superficie que podrían indicar que allí se encuentran personas inhumadas por los represores.

No obstante la expectativa de funcionarios y familiares, desde el EAAF y las querellas se advirtió que ya hubo cuatro excavaciones con resultado negativo y que está probado que el principal sistema de exterminio en los centros clandestinos de la guarnición del Ejército fueron los llamados “vuelos de la muerte”.

Pablo Llonto, uno de los abogados en el gigantesco proceso judicial que se tramita por los delitos de lesa humanidad allí cometidos, señaló a Télam que “hay varios indicios, por testigos, colimbas, o por gente que escuchó que alguien les comentó, que en Campo de Mayo hubo enterramientos”.

El abogado y periodista se refirió así a un soldado y a un suboficial, entre otros testigos, que señalaron la zona del aljibe, dentro del lugar conocido como “El Campito”, como factible de haberse usado para la deposición final de los “subversivos”.

Con el mapeo del LIDAR terminado, el EAAF iniciará la etapa de excavación, aplicando técnicas de arqueología tradicional en la búsqueda de restos, como hicieron por primera vez en junio de 1984 en el cementerio de Boulogne, buscando a una desaparecida que no encontraron pero que selló su compromiso con los principios memoria, verdad y justicia.

El EAAF, a lo largo de sus más de 35 años de vida, participó en misiones en más de 55 países, le devolvió la identidad a cerca de un millar de desaparecidos argentinos y se ganó el respeto de la comunidad científica mundial y de organizaciones de Derechos Humanos después de encontrar e identificar al Che Guevara, demostrar la ejecución sumaria de civiles en El Mozote y desmontar la versión oficial sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, entre otras muchas intervenciones.

El equipo fue nominado al Premio Nobel de la Paz el año pasado por varias instituciones académicas y científicas.

El encuentro del Consejo Federal se desarrolló de manera virtual y participaron todos los representantes de Derechos Humanos de todas las provincias del país, lo cual tuvo como objetivo principal, diseñar políticas públicas encaminadas a combatir este flagelo y tomar medidas de acción dirigidas a la asistencia y reparación de las víctimas de este delito.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, participó en el XIII Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas para la Protección y Asistencia a las Víctimas

En tal encuentro, que se desarrolló de manera virtual, estuvieron presentes la subsecretaria de Derechos Humanos de Chubut, Carla Sánchez Galindo quien estuvo acompañada por la directora Provincial de Lucha Contra el Tráfico y la Trata de Personas, Florencia Cesari, junto a todos los representantes de las áreas de Derechos Humanos de todas las Provincia del país buscaron diseñar políticas públicas encaminadas a combatir este flagelo y tomar medidas de acción dirigidas a la asistencia y reparación de las víctimas de este delito.

En ese marco, la apertura del encuentro estuvo encabezado por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, y el director del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera, en donde también participaron además los representantes de Derechos Humanos de las provincias; distintos referentes tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), además de integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; de Seguridad; de Trabajo; de Mujeres, Géneros y Diversidad.

DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Cabe mencionar que el Consejo Federal tiene como objetivo llevar adelante el diseño de políticas públicas encaminadas a combatir el flagelo que la trata de personas genera en la sociedad, así como también tomar medidas de acción dirigidas a la asistencia y reparación de las víctimas de este delito. Reforzando así el compromiso asumido por el estado nacional como por las provincias, quienes trabajan articuladamente y de manera permanente.

En este sentido la subsecretaria de Derechos Humanos, Carla Sánchez Galindo resaltó que “la Provincia del Chubut es miembro permanente de dicho consejo y participa anualmente en cada una de las reuniones, es prioridad para nosotros trabajar en la problemática, y sabemos que debemos combatir y erradicar esta flagelo”.

TRABAJO TRANSVERSAL Y ARTICULADO

En el mismo sentido, la funcionaria provincial explicó que “nosotros venimos trabajando de forma transversal y articulado que se realiza tanto con otras provincias como con los organismos encargados de erradicarlo, sabemos que el delito produce una afectación a la libertad, integridad y dignidad del ser humano, por eso buscamos desarrollar políticas de acciones eficaces y de manera permanentes”.

Finalmente, Sánchez Galindo aprovechó la ocasión para contar que “en la reunión se aprobó por votación el Plan Bienal 2020-2022 y las acciones realizadas durante este año, el plan cuenta con 100 acciones de trabajo articulado entre los diferentes organismo nacionales y provinciales que permiten detectar, prevenir y perseguir la trata y explotación de personas”.

Fuente: Metadata

La subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia del Chubut, Carla Sánchez Galindo, participó de la 33ª reunión plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos, convocada de manera virtual por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Derechos Humanos.

Los encuentros se realizaron el 2 y 3 de diciembre y contó con la participación del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; el secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Agustín Di Toffino, y autoridades de 21 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el inicio de la reunión, el secretario Pietragalla Corti agradeció la participación de los y las asistentes e hizo un repaso del año en materia de avances en políticas públicas. También se comprometió a retomar la agenda presencial y federal para el próximo año, a fin de continuar trabajando en las temáticas desarrolladas en cada jurisdicción.

Al respecto, Sánchez Galindo resaltó que “fueron jornadas de intercambio, en las que se delinearon temas de importancia para continuar con el trabajo conjunto para el año 2021 teniendo como ejes de trabajo la protección de los Derechos Humanos, a través de Andrea Pochak, Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, la posición del Estado Argentino frente a organismos regionales e internacionales de Derechos Humanos, articulando con Gabriela Kletzel, Directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, en nuestro caso particular estamos llevando a cabo el cumplimiento dela sentencia de Torres Millacura”.

“Otro de los ejes fuertes que se quieren impulsar está relacionado con el trabajo de la Mesa Federal de Salud Mental y Derechos Humanos de forma conjunta con el Centro Ulloa. En este sentido, venimos trabajando con Leonardo Gorbacz, Director Nacional de Protección de Grupos Vulnerables con capacitaciones para equipo de la Subsecretaría”, dijo la funcionaria.

A su vez, Sánchez Galindo repasó que “la segunda jornada estuvimos trabajando con Mariano Przybylski, Director Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, delineando la agenda de trabajo priorizando la creación de los mecanismos locales contra la tortura, los centros de atención de denuncias de violencia institucional, así como también capacitaciones a las fuerzas de seguridad de forma conjunta con el Ministerio de Seguridad”.

“Por último, desde la Subsecretaría de Promoción nos presentaron el Plan de acción de la Dirección Nacional de Formación para el fortalecimiento de la educación para los derechos humanos, en el cual Chubut va ser incluida como destinataria”.

Además agregó que ““siempre destacamos la buena predisposición de las autoridades para continuar reivindicando la importancia que tiene el espacio del Consejo en términos de articulación”.

En el encuentro, Chubut, junto con representantes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego compartieron su mirada sobre los temas desarrollados en este encuentro y elevaron sus consultas sobre problemáticas locales, que fueron contestadas por la Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional.

En este sentido, la funcionaria manifestó que «resaltamos la importancia de profundizar el trabajo en conjunto desde un enfoque federal, articulando los canales de diálogo que se desarrollaron en la búsqueda de soluciones a los problemas locales por los que nos vimos afectados en el contexto de la pandemia”.