Ley de Glaciares: récord de inscriptos para el debate ralentiza el avance legislativo.
El ambicioso plan del oficialismo para reformar la Ley de Glaciares ha chocado con un obstáculo inesperado: una movilización ciudadana sin precedentes. Más de 18.000 personas y asociaciones civiles se han inscripto para participar en las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, una cifra que, bajo el esquema actual de cinco minutos por orador, podría extender la discusión legislativa durante los próximos seis meses.
Esta saturación del cronograma ocurre en un momento de «doble agenda» para el país. Mientras gobernadores de provincias mineras se encuentran en Nueva York buscando captar inversiones en el marco de la Argentina Week, en Buenos Aires la resistencia social y ambiental amenaza con postergar la normativa que habilitaría la actividad minera en zonas hoy protegidas. Según Infobae, desde La Libertad Avanza analizan medidas para procesar este volumen de participantes, incluyendo el recorte de oradores o la solicitud de ponencias por escrito, mientras la oposición denuncia falta de transparencia en la publicación de los listados de inscritos.
Puntos clave de la reforma y el conflicto ambiental
El proyecto de ley propone un cambio fundamental en el criterio de preservación de los recursos hídricos. La normativa vigente protege de manera general todos los glaciares y ambientes periglaciales, mientras que la nueva redacción busca limitar esta protección únicamente a aquellas geoformas que funcionen como «reservas estratégicas de recursos hídricos» o fuentes de recarga de cuencas.
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Autonomía Provincial: Las provincias tendrían la potestad de identificar qué áreas cumplen funciones hídricas relevantes basándose en sus propios estudios técnicos.
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Fin de prohibiciones absolutas: Se reemplazaría el veto automático por un enfoque de impactos ambientales comprobables, analizando la viabilidad de los proyectos mineros o hidrocarburíferos caso por caso.
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Conflicto de plazos: Las audiencias previstas originalmente para el 25 y 26 de marzo resultan insuficientes ante el aluvión de solicitudes de participación.
Transparencia y el Acuerdo de Escazú
La oposición, liderada por bloques como Unión por la Patria y la Coalición Civil, ha presentado pedidos formales para ampliar las jornadas de debate. Argumentan que restringir la participación ciudadana violaría los estándares del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional del cual Argentina es parte y que garantiza el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales.
El plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, presidido por los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, enfrenta ahora el desafío de coordinar una metodología que permita el carácter federal del debate —combinando modalidades presenciales y remotas— sin paralizar indefinidamente la agenda legislativa que el Poder Ejecutivo considera prioritaria para el desarrollo económico.
