El capítulo de Ganancias es el que más tensó la relación entre el Ejecutivo y los gobernadores. Cómo se prepara el tratamiento de la Reforma Laboral de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso que comenzarán el lunes 2 de febrero.
El proyecto de Reforma Laboral enviado por el Ejecutivo al Congreso es uno de los más candentes de cara a las sesiones extraordinarias e incluye un cambio fiscal que encendió alertas en las provincias. Se trata de la reducción del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, una medida que, de aprobarse sin modificaciones, tendría un fuerte impacto sobre la recaudación y sobre los recursos que reciben los distritos vía coparticipación federal.
De acuerdo con un informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel, la baja proyectada de recaudación para este año asciende a $3,1 billones, equivalente a 0,3 puntos del PBI. De ese total, más de la mitad ($1,7 billones) corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal.
En términos mensuales, el impacto se traduce en un promedio simple de $144.000 millones menos para el conjunto de las jurisdicciones durante todo el año. El recorte no es homogéneo, sino que golpea con mayor fuerza a los distritos de mayor peso económico y demográfico, en un contexto de negociación política abierto entre la Casa Rosada y los gobernadores. De acuerdo con Canal 26.
Las provincias más afectadas por el capítulo de Ganancias de la Reforma Laboral
La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking de pérdidas. Según las proyecciones, resignaría $30.546 millones por mes, lo que equivale a $366.557 millones en todo 2026. El monto explica más de una quinta parte del total de recursos que dejarían de percibir las jurisdicciones.
Santa Fe se ubica en el segundo lugar, con una merma estimada en $12.391 millones mensuales y $148.698 millones anuales. Córdoba completó el podio, con una pérdida proyectada de $12.103 millones por mes y $145.240 millones en el año. Ni Axel Kicillof, ni Maximiliano Pullaro ni Martín Llaryora están en la agenda de reuniones de negociaciones con gobernadores que habilitó el Gobierno.
El impacto también sería significativo en otras jurisdicciones. Chaco y Entre Ríos perderían $81.265 millones anuales cada una; Tucumán, $79.536 millones; Mendoza, $70.891 millones; y Salta, $65.704 millones. En el extremo opuesto, Tierra del Fuego figura como la jurisdicción con menor pérdida, con $22.478 millones anuales.
El informe detalló que, del total de la baja proyectada de recaudación, el 54,66% se trasladaría automáticamente a las provincias, mientras que el 45,34% impactaría sobre el Tesoro nacional, de acuerdo con el esquema vigente de distribución primaria de recursos.
Por qué Ganancias es el capítulo más sensible del proyecto de Reforma Laboral
La reducción del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas se convirtió en uno de los ejes más sensibles de la negociación política. Varios gobernadores aliados plantearon su preocupación por el impacto fiscal y llevaron el reclamo a la mesa de diálogo abierta desde el inicio del año para destrabar el dictamen en comisión.
Según el relevamiento de Michel, solo el 1% de las sociedades explica más del 76% de la recaudación del impuesto, y apenas 144 grandes empresas concentran el 56% del total. En contraste, casi el 90% de las firmas aporta menos del 8% del impuesto.
Para 2026, el Presupuesto aprobado por el Congreso proyecta una recaudación total por Ganancias de $48,4 billones, de los cuales el 71% corresponde a sociedades. Con la Reforma Laboral, ese componente se reduciría de $34,3 billones a $31,7 billones, lo que explicaría la caída global de recursos y el impacto directo sobre la coparticipación.
El efecto fiscal de la reforma se coló en las negociaciones políticas que el Gobierno mantiene con los gobernadores para destrabar el tratamiento legislativo. En ese contexto, uno de los puntos centrales que el Ejecutivo analiza revisar para lograr dictamen en comisión es el de la reducción de Ganancias que pagan las empresas, ante la posibilidad de perder apoyos de las provincias. El dato clave es que, a diferencia de Diputados, en la Cámara Alta los senadores responden directamente a los gobernadores.
Por este motivo es que el ministro del Interior Diego Santilli se encargó de habilitar rondas de diálogo con los mandatarios provinciales. Las recorridas políticas incluyeron a territorios gobernados por aliados y dejaron, por ahora, fuera de agenda a varios de Provincias Unidas y a los peronistas opositores.
Según la cartera de Interior, Santilli consiguió el respaldo de cinco gobernadores, algunos con una alianza político-electoral y otros con necesidades económicas que los vuelven más dependientes de las transferencias de recursos.
La advertencia de los gobernadores a la mesa política de Milei
Desde las provincias, los planteos se enfocan en la necesidad de compensaciones. “Esto nos golpearía muchísimo fiscalmente a las provincias. Solo en el caso de Salta serían unos $80.000 millones. Por eso buscamos alternativas, compensaciones para no seguir resignando fondos de las provincias”, dijo el gobernador Gustavo Sáenz en diálogo con la prensa tras una reunión con Santilli el pasado jueves 29 de enero.
“Buscamos alternativas para no seguir resignando fondos. Puede usarse algún otro tipo de impuesto, como el impuesto al cheque, que era coparticipable y lo resignamos en la época de Mauricio Macri con el consenso fiscal, y no lo recuperamos”, explicó el mandatario salteño.
Desde Tucumán, Osvaldo Jaldo confirmó que sobre la mesa de negociaciones están “mecanismos de compensación que permitan sostener el funcionamiento de los Estados provinciales y los servicios esenciales”. “Las reformas estructurales deben contemplar la realidad fiscal de las provincias y avanzar hacia un esquema equitativo que garantice previsibilidad financiera y promueva el desarrollo de las economías regionales”, remarcó.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, también puso el foco en el capítulo fiscal del proyecto. “Sostenemos el diálogo institucional y el trabajo regional, defendiendo un esquema fiscal equitativo y previsible que cuide los recursos de las provincias y acompañe el desarrollo de nuestras economías”, afirmó. Salta, Tucumán y Catamarca condicionaron su apoyo a la reforma a mecanismos de compensaciones por la pérdida de fondos coparticipables. Lo mismo sucedería con otras jurisdicciones.
“Una decisión de política fiscal donde el Estado decide destinar un beneficio de manera concentrada a 144 sociedades, solo 0,1% del total, que además son el mismo universo de contribuyentes que ya se beneficiaron del RIGI o con la baja extraordinaria a 0% de los derechos de exportación, que le costó al Estado 0,3 p.p. del PBI en septiembre, requiere de un análisis profundo y no pretender discutirlo como ‘un punto más’ de la reforma laboral”, reclamó Michel.