El Congreso de la Nación vivió una jornada de definiciones clave. Tras una sesión de alta intensidad política, la Cámara Alta convirtió en ley la denominada «Ley de Modernización Laboral», una de las mayores apuestas legislativas del Ejecutivo
Con 42 votos afirmativos, el oficialismo logró consolidar una mayoría absoluta que redefine las reglas del juego en el mercado de trabajo argentino, marcando el cierre de un ciclo de sesiones extraordinarias de fuerte impacto institucional.
Los ejes centrales del nuevo esquema laboral
La nueva normativa introduce modificaciones estructurales que buscan, según el Gobierno, reducir la litigiosidad y fomentar la registración. Entre los puntos más destacados se encuentra la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo diseñado para financiar el pago de despidos, que ha generado fuertes cruces por su similitud con esquemas previsonales del pasado.
Asimismo, la ley establece un nuevo cálculo para las indemnizaciones, la ampliación del período de prueba y la implementación de un «banco de horas» que reemplazará el sistema tradicional de horas extras. Un dato no menor es la flexibilización del régimen de vacaciones y la derogación de diversos estatutos especiales, afectando directamente a sectores como el de los periodistas profesionales.
Cabe destacar que, tras intensas negociaciones, se aceptó la eliminación del polémico artículo 44, lo que permitió mantener sin cambios el régimen actual de licencias por enfermedad. Según datos publicados por el medio BAE Negocios, esta concesión fue vital para destrabar la votación final en el recinto.
Cruces y advertencias de judicialización en el recinto
El debate no estuvo exento de tensión. Desde la oposición, las críticas fueron tajantes. Senadores como Adán Bahl y José Mayans calificaron la medida como una «flexibilización» que precariza el empleo. Por su parte, la senadora Alicia Kirchner tildó la reforma de «esclavista», mientras que Mariano Recalde advirtió que el texto no moderniza, sino que retrotrae derechos adquiridos.
Desde el oficialismo, figuras como Eduardo Vischi defendieron la validez institucional de la norma, asegurando que los más de 200 artículos sancionados facilitarán la creación de empleo genuino. Ante las advertencias de la CGT, que ya confirmó que presentará un amparo judicial frente al Palacio de Tribunales, el Gobierno se mostró firme en la legalidad de la ley sancionada por el Congreso.