Un informe técnico detectó actividad del teléfono en un shopping porteño mientras el acusado ya estaba detenido, y Capuchetti prepara nuevas medidas para aclarar quién lo manipuló.
A más de tres años del intento de atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la investigación vuelve a girar sobre una pieza básica: la evidencia digital. El foco ya no pasa solo por el contenido del dispositivo, sino por el recorrido que siguió cuando debía quedar resguardado. Un nuevo dato técnico puso en discusión qué controles se aplicaron en las horas críticas posteriores a la detención.
La Gendarmería Nacional detectó que el teléfono de Fernando Sabag Montiel registró actividad en el Abasto Shopping mientras su dueño permanecía bajo custodia en las inmediaciones del domicilio de la entonces vicepresidenta. Ese contraste encendió alarmas sobre el manejo del aparato y las condiciones reales de preservación de la prueba. La jueza federal María Eugenia Capuchetti orienta la causa a nuevas medidas para establecer en qué manos estuvo el equipo durante ese lapso.
El hallazgo surge de un análisis técnico basado en material forense remitido por el Tribunal Oral Federal. En ese trabajo, Gendarmería revisó un informe de extracción confeccionado el 27 de septiembre de 2022 por agentes de la PSA y personal de la DATIP del Ministerio Público Fiscal. En esos registros aparece un intento de conexión a una red wifi en un horario incompatible con la custodia del imputado. De acuerdo con LA17.
El dato más delicado ubica un evento a las 22:38 del 1 de septiembre de 2022, cuando el teléfono intentó conectarse a wifi en el Abasto. En el mismo bloque de información, figura el ingreso de un correo desde “registrowifi@mailabastoshoppin.com.ar”, y también un registro mencionado como “evento que tuvo lugar a las 00:11:32” del día siguiente. Esa secuencia complica la posibilidad de describir el estado original del aparato y de garantizar una cadena de custodia sin interferencias.
En paralelo, el expediente ya acumulaba cuestionamientos por el tiempo transcurrido entre el ataque y el secuestro formal del teléfono. La reconstrucción indica más de tres horas sin resguardo técnico adecuado, con manipulación de agentes y con el propio imputado reteniendo el aparato durante buena parte del período. Recién a las 00:23 del 2 de septiembre se formalizó el secuestro y se confeccionó el formulario de cadena de custodia, según la documentación incorporada al análisis.
Estas inconsistencias aparecen en una causa que ya tiene un tramo cerrado en el juicio oral. En octubre de 2025, el TOF 6 condenó a Sabag Montiel y Brenda Uliarte a 10 y 8 años de prisión, y absolvió a Nicolás Carrizo. Con esas sentencias, la discusión por las pruebas y los procedimientos quedó bajo una lupa todavía más intensa.
En el plano judicial, Capuchetti retomó la investigación y amplió el foco hacia las irregularidades en la preservación de evidencia y en medidas realizadas tras el hecho. En esa línea, la causa también volvió sobre el rol de fuerzas de seguridad y sobre la secuencia posterior a la detención. La mirada incluye la llamada banda de “Los Copitos”, pero se extiende a la forma en que se protegieron o no elementos centrales del expediente.
El punto sensible es sencillo de enunciar y difícil de responder: si el teléfono registró actividad en un shopping, alguien lo trasladó o lo operó cuando debía quedar bajo control policial. Ese interrogante impacta en la credibilidad del material digital y en cualquier peritaje posterior. Por eso, la instrucción apunta a precisar quién tuvo contacto con el dispositivo, en qué condiciones y con qué registros oficiales.
