La IGJ intervendrá la AFA con veedores por falta de balances claros.
El conflicto entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha escalado a un nuevo nivel de tensión institucional. Ante la negativa persistente de la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia de presentar la documentación contable correspondiente al ejercicio 2025, la Inspección General de Justicia (IGJ) ha solicitado formalmente la designación de veedores judiciales. La medida busca transparentar el manejo de fondos de una institución que, según los organismos de control, se resiste a la fiscalización y opera bajo una preocupante opacidad financiera.
Falta de documentación y sospechas sobre ingresos millonarios
La decisión de la Justicia responde a una serie de irregularidades detectadas en la administración de la calle Viamonte. Según TN, la AFA no ha cumplido con la entrega de los balances financieros del 2025, a pesar de haber recibido todos los plazos legales para regularizar su situación. El Ministerio de Justicia, bajo la conducción de Mariano Cúneo Libarona, fue tajante al señalar que la institución «no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años, por lo que se desconoce el origen y destino cierto de los millones de dólares que ingresaron a la AFA y salieron de ella».
Entre los puntos más oscuros de la contabilidad se encuentran los gastos en las selecciones nacionales. En el balance de 2024, se declararon 39 mil millones de pesos sin ningún tipo de desglose. Ahora, la IGJ pretende auditar no solo estos números, sino también los movimientos de la empresa TourProdEnter y la denominada “Universidad de la AFA”, la cual, según el organismo, ni siquiera se encuentra registrada formalmente.
Irregularidades en sedes sociales y posibles maniobras de ocultamiento
El informe de la IGJ también pone la lupa sobre una maniobra de mudanza fallida. La AFA intentó declarar una sede social en la Provincia de Buenos Aires que resultó ser falsa: se comprobó que en dicho predio no existen instalaciones ni funciona la administración de la entidad. Además, el titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, advirtió sobre investigaciones relacionadas con maniobras que podrían implicar el ocultamiento de ingresos derivados a entidades ajenas, tanto locales como extranjeras, sin pasar por la contabilidad oficial de la institución.
“Los veedores designados obtendrán y verificarán la información que no fue presentada”, aclararon desde el Ministerio de Justicia. Estos interventores, que incluirán a profesionales contables, tendrán la misión de hurgar en los libros para determinar si existe una violación a las normas legales y estatutarias. Vítolo destacó que se busca echar luz sobre eventuales desvíos de fondos que se habrían realizado «en violación a las normas legales vigentes y las estatutarias de la entidad», marcando un precedente histórico en la fiscalización del fútbol argentino.
