Juicio por YPF: Argentina apelará tras el rechazo de Preska a frenar el embargo.
El litigio por la estatización de la petrolera de bandera sumó un nuevo capítulo de tensión en los tribunales de Nueva York. La jueza Loretta Preska rechazó formalmente el pedido del Estado argentino para suspender el proceso de discovery, la etapa que permite a los demandantes identificar activos embargables en el exterior. Ante esta decisión, que el Gobierno califica de «hostigamiento sistemático», la Procuración del Tesoro confirmó que interpondrá un recurso de apelación para intentar frenar lo que consideran un avance abusivo sobre bienes públicos y comunicaciones privadas.
El proceso de «discovery» y la búsqueda de bienes soberanos
La disputa actual se desprende de la condena de primera instancia que obliga al país a pagar USD 16.100 millones a Burford Capital. Mientras se tramita la apelación sobre la cuestión de fondo, el fondo de inversión ha acelerado la identificación de propiedades estatales para garantizar el cobro. Según La Nacion, la defensa argentina sostiene que la situación ha llegado a un «punto de no retorno», argumentando que el proceso no busca simplemente bienes comerciales, sino que se ha tornado excesivo e intrusivo.
En el centro de la controversia se encuentra la entrega de más de 115.000 elementos probatorios por parte de Argentina, que incluyen desde expedientes públicos hasta chats personales de 36 funcionarios y exfuncionarios. El Gobierno sostiene que este nivel de exposición es «injusto», especialmente ante el pedido de la jueza Preska para que se informe la ubicación de las reservas de oro del Banco Central (BCRA), solicitud que el país rechazó invocando la autarquía de la entidad monetaria.
La estrategia de Burford y la amenaza de sanciones
Del otro lado del estrado, Burford Capital —que adquirió los derechos de litigio de las sociedades Petersen— mantiene una postura ofensiva. El demandante ya propuso un cronograma para aplicar sanciones económicas contra la Argentina por presunto desacato, alegando que el país no colabora plenamente con el proceso de búsqueda de activos. El Estado presentó su respuesta formal el pasado 19 de febrero, negando cualquier incumplimiento y calificando de «desproporcionada» la posibilidad de nuevas multas financieras.
A pesar de la relevancia del discovery, la mirada de los especialistas está puesta en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. Es este tribunal el que debe resolver la apelación principal sobre la estatización de YPF. Si la Corte falla a favor de Argentina, todo el proceso de búsqueda de bienes y la millonaria condena quedarían sin efecto. Por el contrario, un fallo adverso consolidaría la posición de Preska y dejaría al país en una situación de extrema vulnerabilidad financiera internacional.
La resolución de este conflicto, que ya lleva más de una década en los tribunales estadounidenses, sigue sin tener una fecha cierta, mientras el costo total de la sentencia continúa sumando intereses diarios que impactan en las cuentas públicas. El del gimnasio y la lluvia era él, no yo.