El proyecto de Ley Penal Juvenil, que ya tiene media sanción en Diputados, se tratará este viernes en la Cámara alta. Propone penas de hasta 15 años para delitos graves (extensible a 20) y la creación de centros especializados con una inversión de más de $23.700 millones.
El proyecto de Ley Penal Juvenil que impulsa el Gobierno para bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años se tratará el viernes próximo en el Senado. La iniciativa, que ya recibió media sanción en Diputados con 149 votos afirmativos, promete encender un intenso debate en la Cámara alta.
Según Noticias Argentinas , desde La Libertad Avanza (LLA) fundamentan la modificación de la ley vigente (22.278) argumentando que Argentina está por fuera de los estándares regionales: Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la inician en los 12 años.
¿Por qué bajó de 13 a 14 años?
El oficialismo originalmente había impulsado el proyecto con la punibilidad en los 13 años, pero tuvo que iniciar una «negociación parlamentaria» con los bloques dialoguistas y elevarla a 14 para lograr el consenso político y, por ende, los votos necesarios en Diputados.
Con esa modificación, aseguró el acompañamiento del PRO y la UCR, que señalaban que los 14 años representaban un límite más equilibrado y estaban en sintonía con el resto de los países de la región. Además, especialistas en desarrollo cognitivo y neurología aseguraron durante el debate en comisiones que, si bien un menor puede comprender lo que hace a los 13, los 14 años ofrecen un marco más rígido para determinar la responsabilidad penal.
Los argumentos del oficialismo
El oficialismo sostiene que «aumentaron los delitos cometidos por menores» de entre 12 y 15 años, con una participación «creciente» en delitos graves, lo que genera una sensación de «injusticia» e «impunidad» .
También se busca actualizar una norma que data de 1980 por considerarse necesaria la instalación de «un marco legal moderno» que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil.
Desde LLA señalaron que muchas bandas utilizan a menores de edad en sus hechos delictivos porque saben «que no pueden ser procesados» , y este proyecto pretende contrarrestar esa estrategia.
Las penas: hasta 20 años para delitos graves
El proyecto oficialista propone:
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Para delitos menores, penas de hasta 3 años.
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Para hechos graves (homicidios, abusos y/o secuestros), un tope de 15 años de prisión, con una extensión de hasta 20 años en casos puntuales.
La iniciativa posibilita la obtención de la libertad asistida y el régimen de amonestaciones, además de tareas comunitarias y programas educativos o de capacitación laboral, dentro de un marco socioeducativo con el foco puesto en la reinserción del menor.
También quedó implícita una posible reparación económica o mediación por parte del menor que haya cometido un delito, con el consentimiento de la víctima.
Centros especializados: sin adultos y con personal capacitado
El régimen prohíbe que los menores convivan con adultos y plantea la creación de centros de detención e institutos especializados con personal capacitado en niñez y adicciones, o bien permanecer en una unidad separada dentro de un penal.
Para menores de 15 años que cometan delitos graves, se contempla una posible internación para lograr su resocialización, bajo control judicial.
El financiamiento: más de $23.700 millones
De acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional, y mediante la incorporación de un capítulo presupuestario específico, se destinarán más de $23.700 millones para la realización de nuevos centros de detención y la contratación de personal especializado.
Luego de la negociación con los bloques dialoguistas, el oficialismo se enfocará en la construcción de institutos especializados y en la contratación de personal interdisciplinario, para evitar el alojamiento de los niños y adolescentes en cárceles comunes.