El oficialismo logró sancionar la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, mientras la oposición denuncia que la reforma laboral vulnera derechos constitucionales básicos
La Cámara Alta fue escenario este viernes de una jornada de intensos debates que marcan un giro en la legislación argentina. Mientras el oficialismo logró convertir en ley la baja de la edad de imputabilidad, la oposición lanzó duras advertencias sobre el impacto del proyecto de reforma laboral. Los cuestionamientos apuntan a la constitucionalidad de las medidas y al retroceso en derechos históricos de los trabajadores.
Mariano Recalde advierte sobre «inconstitucionalidades» en la reforma
El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, manifestó su rechazo absoluto al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. En declaraciones recogidas por el medio C5N, el legislador denunció que la propuesta vulnera garantías básicas de la Constitución Nacional, tales como la protección contra el despido arbitrario y la limitación de la jornada laboral establecida por la OIT.
Recalde hizo especial énfasis en lo que denominó el «Fondo de Asistencia Laboral (FAL)», calificándolo como un mecanismo escandaloso que compromete fondos previsionales. «Es una forma de estatizar deuda privada», aseguró el senador, quien además sostuvo que la promesa de generar empleo mediante la quita de derechos ya ha fracasado anteriormente, citando la pérdida de puestos de trabajo tras la aprobación de normativas similares en el pasado reciente.
Se aprobó el Régimen Penal Juvenil: imputabilidad a los 14 años
En la misma sesión, el oficialismo alcanzó un triunfo político clave al sancionar el nuevo Régimen Penal Juvenil. Con 44 votos a favor, la Cámara de Senadores estableció que los adolescentes podrán ser penalmente responsables a partir de los 14 años. La normativa contempla penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves y deroga la antigua ley 22.278.
La medida fue celebrada por referentes de La Libertad Avanza, como Patricia Bullrich, quien destacó que el objetivo es terminar con la impunidad. El nuevo sistema prevé diferentes modalidades de cumplimiento de la pena, que van desde el arresto domiciliario hasta el alojamiento en institutos especializados, siempre con un enfoque declarado en la resocialización y la educación del joven infractor.
Con esta sanción, el Gobierno nacional logra avanzar en uno de sus ejes principales de seguridad, mientras la oposición promete dar batalla legal contra las reformas que consideran regresivas para el marco jurídico nacional.