El Jefe de Gabinete confirmó que el Ejecutivo enviará una modificación al Congreso para eliminar los límites a la extranjerización del suelo argentino. “No podemos permitir que las inversiones no se realicen por un mero capricho ideológico”, sentenció el funcionario nacional.
Por Redacción Cholila Online
En una nueva avanzada sobre el marco regulatorio de los recursos naturales, el Gobierno Nacional, a través de su Jefe de Gabinete Manuel Adorni, confirmó este miércoles que buscarán modificar la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737). El objetivo central es remover las trabas actuales que impiden a capitales extranjeros adquirir grandes extensiones de territorio en suelo argentino.
Desde la sala de conferencias de Casa Rosada, Adorni fue contundente: «Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión… Esa inversión es obra, trabajo, infraestructura y nuevas economías regionales».
El fin de los «caprichos ideológicos»
La actual Ley de Tierras, sancionada en 2011, establece un límite del 15% a la propiedad extranjera sobre tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, restringe la compra de tierras que contengan o sean ribereñas a cuerpos de agua de envergadura.
Para el Gobierno de Javier Milei, estas restricciones son barreras que frenan el desarrollo en sectores clave como el petróleo, la minería y el agro. «Algunas de esas inversiones requieren que compren terrenos grandes para llevarse adelante», explicó el Jefe de Gabinete, calificando a la normativa vigente como un «capricho ideológico» que la gestión actual no está dispuesta a sostener.
Impacto en la Patagonia y Chubut
El anuncio no pasa desapercibido en la región sur. La Patagonia es, históricamente, una de las zonas con mayor interés por parte de capitales internacionales debido a su riqueza en acuíferos, minerales y potencial energético.
En Chubut, la modificación de esta ley podría reabrir el debate sobre la soberanía de los recursos hídricos y el acceso a zonas fronterizas, puntos que la ley actual busca proteger de manera específica. Los sectores críticos a la medida ya advierten sobre una posible «extranjerización descontrolada» que podría afectar a pequeños productores locales y comunidades originarias.
El camino legislativo
Si bien el Ejecutivo ya había intentado derogar esta ley mediante el mega DNU 70/2023 —cuya vigencia en este punto fue frenada por la Justicia Federal tras un amparo del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM)—, ahora el Gobierno redobla la apuesta buscando una reforma por vía legal para dotar a los inversores de mayor seguridad jurídica.
»Estamos hablando de calidad de vida, crecimiento y prosperidad para todos», concluyó Adorni, dejando la pelota en el campo del Congreso, donde se espera una discusión cargada de tensión política y ambiental.
