Williams en la Legislatura: piden restringir celulares en cárceles de Chubut.
El patrón delictivo en las unidades penitenciarias de la provincia ha encendido las alarmas en el ámbito legislativo. El fiscal jefe de Puerto Madryn, Alex Williams, expuso ante la Legislatura de Chubut para respaldar un proyecto de ley que busca limitar severamente el uso de dispositivos móviles en contextos de encierro, argumentando que se han convertido en la herramienta principal para la ejecución de estafas y extorsiones desde las celdas.
Evidencia operativa: el celular como arma delictiva
Durante su intervención en la comisión legislativa, Williams aportó datos recabados por el Ministerio Público Fiscal en investigaciones recientes. Según el funcionario, el uso sin control de teléfonos permite a los internos sostener actividades ilícitas a distancia, lo que representa un riesgo directo para la seguridad pública.
“En numerosas investigaciones los celulares aparecen como herramientas centrales para la organización de delitos como estafas y extorsiones”, explicó Williams ante los diputados. El fiscal ubicó la problemática en un plano estructural, señalando que la falta de supervisión técnica facilita la continuidad de las bandas criminales a pesar de que sus líderes se encuentren privados de la libertad.
Inhibidores de señal y comunicación regulada
El proyecto en discusión no solo contempla la prohibición del ingreso de dispositivos, sino también la instalación de inhibidores de señal para bloquear cualquier intento de comunicación no autorizada. Estas medidas técnicas buscan anular las posibilidades de conexión inalámbrica dentro de los pabellones.
Sin embargo, la iniciativa plantea un equilibrio necesario para no vulnerar derechos fundamentales. El plan incluye:
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Instalación de terminales habilitadas: Sistemas de comunicación controlados y supervisados.
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Contacto garantizado: Asegurar que los detenidos mantengan vínculo con sus familiares y defensores legales.
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Supervisión estatal: Evitar el aislamiento total, pero bajo un régimen de transparencia y registro de las llamadas.
Un debate entre seguridad y derechos
El desafío que planteó Williams en la Legislatura radica en la implementación de medidas concretas que no desconozcan la necesidad de mantener canales de comunicación legítimos. El debate legislativo actual suma las voces de diversos sectores de la justicia y la seguridad para evaluar los alcances técnicos y legales de la regulación.
La decisión final de los legisladores dependerá del consenso sobre cómo implementar estos sistemas de comunicación regulados, de modo que se bloquee el accionar de las redes de estafas sin interrumpir el proceso de resocialización y contacto familiar de los internos.
