Financiamiento Universitario: el Gobierno reconoce falta de votos para reformar la ley.
En un escenario de alta tensión política y judicial, el Poder Ejecutivo admitió que no cuenta con el respaldo legislativo necesario para modificar la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). A pesar de que el oficialismo considera el tema como una prioridad absoluta por su impacto en las cuentas públicas, la falta de consenso con los bloques dialoguistas y el reciente fortalecimiento de las universidades tras un fallo judicial han dejado al Gobierno con un margen de maniobra extremadamente estrecho.
El laberinto judicial y el freno a las reformas
La Ley 27.795, promulgada en octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso, se ha convertido en el principal foco de disputa entre la Casa Rosada y el sistema educativo. El Gobierno intentó suspender su ejecución alegando la falta de fuentes de financiamiento específicas, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal asestó un golpe a esta estrategia al confirmar una cautelar que ordena la actualización inmediata de salarios docentes, no docentes y becas.
Este revés judicial, según reconocen en los despachos oficiales, ha alterado los incentivos de negociación. Con un fallo a favor, los rectores y gremios universitarios se encuentran en una posición de fuerza, lo que hace casi imposible que acepten una reforma que implique un menor impacto fiscal, como pretendía el proyecto enviado por el Ejecutivo durante las sesiones extraordinarias de febrero, el cual ya fue descartado por «quedar viejo» políticamente.
Internas y parálisis legislativa
La trastienda del conflicto también deja al descubierto cortocircuitos en la estrategia parlamentaria del oficialismo. Fuentes gubernamentales admiten que existió un principio de acuerdo con sectores aliados durante el verano, pero la hoja de ruta se diluyó debido a diferencias de criterio entre los equipos de asesoría directa de la Presidencia y la conducción legislativa encabezada por Martín y Eduardo «Lule» Menem.
Mientras la Procuración del Tesoro intenta llevar el caso a la Corte Suprema, el Gobierno ha optado por una estrategia de «cumplimiento mínimo»: realizar erogaciones mensuales que, bajo su propia interpretación, satisfagan las obligaciones judiciales inmediatas sin comprometer la meta del equilibrio fiscal estricto.
Mayo: el desafío de la calle
La preocupación oficial trasciende los tribunales y se traslada al espacio público. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) ya han convocado a una Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo.
En Balcarce 50 admiten que una movilización masiva podría volver a inclinar la balanza de la opinión pública en su contra, tal como sucedió en protestas anteriores. Del lado de las universidades, los rectores aguardan la definición del tribunal sobre el recurso extraordinario de Nación, remarcando que, por ahora, el oficialismo ha ganado tiempo ya que la ejecución de la cautelar se encuentra suspendida técnicamente hasta que se resuelva si el caso llega o no al máximo tribunal del país.