En medio de una profunda conmoción social provocada por el macabro hallazgo de un cuerpo sin vida en Playa Magagna, el Gobierno de Chubut decidió patear el tablero en materia de seguridad pública.
El ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz, lanzó una escalofriante y tajante advertencia al asegurar que, de no mediar una intervención armada e institucional inmediata, Comodoro Rivadavia corre el riesgo inminente de transformarse en un territorio indomable dominado por el narcotráfico y las balaceras, emulando la trágica realidad que flageló a la ciudad de Rosario. Para frenar este avance, la provincia activó gestiones de extrema urgencia con la Casa Rosada para desembarcar con todo el peso de la ley antimafia en el territorio austral.
El alarmante diagnóstico del funcionario precipitó una ronda de reuniones clave en Buenos Aires con el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva.
Las autoridades buscan unificar de forma urgente los recursos de las fuerzas federales y locales. El objetivo político es subsanar una grieta histórica: la alarmante falta de coordinación entre la Justicia Federal y la Provincial, cuyos carriles de investigación separados impedían golpear con eficacia el corazón financiero y operativo de los clanes narco que ya operan en la región.
La ley antimafia al rescate: El plan de shock para destruir a las bandas
«Tenemos grupos violentos perfectamente identificados y mapeados que hoy son investigados por distintos organismos de forma inconexa. La idea es unir de inmediato esfuerzos y recursos para obtener resultados letales contra el crimen», disparó con firmeza Iturrioz. El ministro confirmó que la próxima semana se reunirá una mesa de trabajo de alto nivel político para acelerar la aplicación de los feroces instrumentos procesales que contempla la normativa antimafia federal. Esta ley permitirá constituir fuerzas de tareas conjuntas e integradas por fiscales especializados de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), escuadrones de fuerzas federales y la Policía del Chubut.
La estrategia oficial abandonará la vieja e inútil práctica de perseguir únicamente el delito menor o al eslabón final de la cadena de comercialización. La nueva ofensiva judicial apunta directamente a desarticular las estructuras logísticas que sostienen a las bandas: las redes de provisión de armamento pesado, el flujo de vehículos utilizados para los golpes y el lavado de activos. El ministro fue contundente respecto al peligro que corre la ciudadanía común: «Las consecuencias de esta violencia ya golpean a personas inocentes que nada tienen que ver con estos grupos mafiosos. Rosario tardó años de derramamiento de sangre en reaccionar; nosotros somos una comunidad más chica y estamos a tiempo de aplastarlo antes de que se desmadre», alertó.
Purga interna: Blindar a la policía frente a los millones del narcotráfico
El plan de contingencia del Ministerio de Seguridad chubutense incluye un frente de batalla igual de complejo: sanear las propias instituciones del Estado para evitar que los millonarios dividendos del narcotráfico compren voluntades políticas o judiciales. Iturrioz reveló que se profundizaron de manera drástica los controles de asuntos internos dentro de los cuadros de la Policía del Chubut y en los diferentes establecimientos penitenciarios y lugares de detención de la provincia, ámbitos históricamente vulnerables a la penetración de las mafias organizadas.
El titular de la cartera de seguridad elogió que haya sido la propia cúpula policial la que impulsó activamente las pesquisas internas que ya derivaron en severos procesamientos de efectivos salpicados por la corrupción. Sin embargo, advirtió que la guardia no se puede bajar bajo ningún punto de vista en las zonas calientes de la provincia. «Lo verdaderamente crucial en este momento de la historia es mantener sana a la fuerza de seguridad y bajo un control permanente; no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que el poder económico del crimen organizado infecte nuestras instituciones de control», concluyó con firmeza el funcionario.
