Nación planea transferir rutas a las provincias para que las gestionen y concesionen.
En un movimiento estratégico para aliviar las cuentas del Tesoro y recomponer el vínculo político con los gobernadores, el Gobierno Nacional avanza en un plan para transferir corredores viales nacionales a las provincias. El objetivo es que cada jurisdicción estructure sus propios esquemas de concesión para financiar el mantenimiento y las mejoras de las rutas según sus intereses productivos regionales.
Federalización de la infraestructura y el modelo Santa Fe
La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, apunta a ceder aquellas trazas que no forman parte de la Red Federal de Concesiones (que ya cuenta con más de 9.000 kilómetros en proceso de licitación). La lógica de la Casa Rosada es clara: las provincias que tengan incentivos económicos directos sobre una ruta —como las vinculadas a Vaca Muerta o nodos agroexportadores— deben ser las encargadas de capturar el repago vía peaje.
El caso testigo es Santa Fe. Recientemente, el ministro Luis Caputo confirmó la cesión de la ruta nacional A012, un corredor estratégico de 67 kilómetros que rodea el Gran Rosario. El gobernador Maximiliano Pullaro ya adelantó que la provincia se hará cargo de las reparaciones para integrarlas a su plan de accesos portuarios, utilizando posiblemente financiamiento de organismos multilaterales como la CAF.
Tres niveles de gestión vial en el nuevo esquema
El Ministerio de Economía ha comenzado a ordenar el mapa vial del país en tres grandes paquetes:
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Red Federal de Concesiones: Un universo de 9.090 kilómetros repartidos en 16 tramos nacionales que ya están en proceso de licitación para privados.
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Segundo Paquete Nacional: Un plan en diseño para otros 12.000 kilómetros destinados a obras de gran envergadura (autovías y tercer carril) bajo esquemas de inversión privada sin aportes directos del Estado.
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Transferencias Provinciales: Rutas con valor productivo local (minero, petrolero o agroindustrial) que quedarán en manos de los distritos interesados para que definan sus propios contratos de inversión.
Una herramienta de negociación política
Más allá de la eficiencia en la infraestructura, el plan funciona como una moneda de cambio en la relación con los gobernadores dialoguistas. En un contexto de paritarias frenadas y ajustes fiscales, la Casa Rosada busca que la gestión de las rutas sea un alivio para las economías regionales y un gesto de «federalismo» que facilite el apoyo legislativo a la agenda de Javier Milei.
Desde el oficialismo admiten que la propuesta aún requiere definiciones técnicas y consensos individuales con cada provincia, pero aseguran que es la única vía para garantizar obras en un contexto donde «no hay plata» para el financiamiento directo desde el Tesoro Nacional.
