Apartaron al juez que debía decidir sobre el pedido de detención contra «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino.
La megacausa que investiga a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sufrió un giro procesal determinante. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dispuso el apartamiento del juez federal Sebastián Argibay, quien tenía en sus manos la responsabilidad de decidir sobre el pedido de detención e indagatoria contra Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino. La medida, firmada por la jueza Marina Cossio, se basa en la existencia de vínculos comerciales que pondrían en jaque la imparcialidad del magistrado.
El desplazamiento del juez ocurre en un momento crítico del expediente, donde se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas al manejo de fondos del fútbol argentino.
Un vínculo inmobiliario bajo sospecha
La recusación fue impulsada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Eugenio Simón, tras detectar una operación inmobiliaria que vincula directamente al entorno familiar del juez con el de uno de los imputados. Se trata de la venta de un terreno realizada por Pilar Argibay, hija del magistrado, a Darío Toviggino, hermano del tesorero de la AFA.
Ante la evidencia de este nexo, la Justicia consideró que la objetividad de Argibay para decidir sobre el futuro de Pablo Toviggino y Claudio Tapia estaba seriamente comprometida. Ahora, el expediente entraría en una etapa de subrogancia, donde el juez Guillermo Molinari aparece como la opción principal, aunque no se descarta el traslado de la causa a magistrados de Catamarca o de la jurisdicción tucumana para garantizar la transparencia del proceso.
El pedido de detención y los informes de ARCA
El fiscal Simón ha sido categórico al fundamentar el pedido de detención de la cúpula de la AFA, argumentando que los implicados forman parte de una organización con la capacidad económica necesaria para entorpecer la investigación o darse a la fuga.
Las pruebas recolectadas hasta el momento incluyen informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Inspección General de Justicia, que exponen una serie de movimientos financieros sospechosos. Entre los bienes bajo la lupa se encuentran estancias, lotes en barrios privados y vehículos de alta gama cuyas adquisiciones resultan incompatibles con los ingresos declarados por Tapia y Toviggino.
Con el apartamiento de Argibay, la causa atraviesa un impasse técnico a la espera de un nuevo magistrado que valide o rechace las medidas restrictivas de la libertad solicitadas por la fiscalía contra las máximas autoridades del fútbol nacional.