Caso Ángel: Crisis carcelaria y celdas de transición para los detenidos.
La detención de Mariela Altamirano, madre del pequeño Ángel, y de su pareja Michel Kevin González, ha puesto bajo la lupa las graves deficiencias estructurales del sistema penitenciario en Comodoro Rivadavia. Este lunes 13 de abril de 2026, desde la Oficina de Asistencia a Personas Privadas de la Libertad (OAPPL) se detallaron las razones por las cuales los imputados no han sido trasladados a centros de detención definitivos, exponiendo un escenario de sobrepoblación que afecta a toda la región.
Sin cupo para mujeres: El traslado a Rada Tilly
Una de las mayores revelaciones del caso es la inexistencia de un pabellón femenino operativo en la Alcaidía policial de Comodoro. La abogada adjunta de la OAPPL, Lucía Mantecón, explicó que la permanencia de Altamirano en la Comisaría de Rada Tilly no responde a un privilegio procesal, sino a una limitación física del sistema. «Lo ideal sería que sea en la alcaidía policial, pero no hay cupo para mujeres», señaló la funcionaria, aclarando que dicha comisaría es la única dependencia habilitada para mujeres en la zona.
A diferencia de la Alcaidía, que cuenta con patios y talleres educativos, la comisaría de Rada Tilly es un espacio diseñado para estadías transitorias. La detenida comparte una celda con otra interna bajo condiciones de habitabilidad mínimas, pero sin acceso a actividad física, escuela ni salas de visitas adecuadas. Además, el sistema carece de infraestructura para que mujeres detenidas convivan con hijos menores, un vacío legal y estructural que suele derivar en pedidos de prisiones domiciliarias.
El padrastro de Ángel y el aislamiento en Mosconi
Por su parte, Michel Kevin González se encuentra alojado en la Comisaría de Mosconi. Según Mantecón, el imputado ocupa probablemente una celda transitoria, separada del resto de la población carcelaria por razones de seguridad. Sin embargo, este régimen de aislamiento transitorio presenta serias deficiencias: la celda no cuenta con acceso permanente a un baño, por lo que el detenido debe solicitar autorización al celador para cubrir sus necesidades básicas.
Esta situación refleja la saturación general del sistema en Chubut. La Alcaidía tiene una capacidad para 157 personas, pero actualmente alberga a 214 internos. Este excedente de 57 personas obliga a las autoridades a distribuir a detenidos con prisión preventiva —y en algunos casos con condena firme— en diversas comisarías de la ciudad, lugares que no están preparados para el cumplimiento de penas prolongadas.
El debate por el uso de celulares
Finalmente, la funcionaria de la OAPPL se refirió a la polémica sobre la restricción de teléfonos móviles en los centros de detención. Mantecón advirtió que limitar estrictamente este acceso podría vulnerar derechos fundamentales y dificultar la denuncia de hechos de violencia institucional o problemas de salud urgentes. «El teléfono permite el acercamiento familiar y poner en conocimiento situaciones de emergencia», sostuvo, marcando una postura en un debate que promete seguir escalando mientras el sistema carcelario local continúa al límite de su capacidad.