buitres, en una decisión que busca poner fin a litigios internacionales y evitar embargos sobre activos argentinos. El oficialismo apunta a sancionar la ley en la primera semana de mayo.
La Libertad Avanza junto a bloques dialoguistas firmaron en el Senado el dictamen favorable al proyecto que autoriza el pago de USD 171 millones a fondos buitres, lo que habilita el avance legislativo definitivo.
Dictamen en el Senado para cerrar el conflicto con fondos buitres
La decisión se tomó en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Martín Goerling Lara y Agustín Monteverde.
El objetivo del Gobierno es aprobar la iniciativa durante la primera semana de mayo, luego de conseguir una prórroga que extiende el plazo hasta el 31 de mayo.
El acuerdo busca evitar embargos sobre activos argentinos y cerrar litigios abiertos desde el default de 2001.
Cómo se distribuye el pago a los acreedores
El proyecto contempla el pago de dos grandes grupos de acreedores:
- USD 67 millones a Bainbridge Ltd.
- USD 104 millones al grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP
El acuerdo establece que el pago será simultáneo a la entrega de bonos libres de gravámenes, lo que permitirá su cancelación inmediata.
Desde el oficialismo destacaron que esta operación implica una quita superior al 30% sobre los montos originales en disputa.
Argumentos del Gobierno y objetivos del acuerdo
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y sostuvo que el acuerdo permitirá cerrar definitivamente el conflicto judicial.
“Hoy se está resolviendo el problema y con este acuerdo se termina con los embargos”, afirmó.
Además, destacó que la medida evitará nuevas órdenes judiciales sobre activos estratégicos como acciones de YPF.
Por su parte, el senador Agustín Monteverde explicó que el objetivo es extinguir los litigios pendientes con los principales acreedores en situación de holdout.
Impacto judicial y cierre del default de 2001
El Gobierno también remarcó que el acuerdo busca cerrar causas judiciales internacionales y evitar condiciones financieras más gravosas para el país.
El texto del proyecto señala que la medida permite finalizar múltiples litigios, incluyendo acciones vinculadas a fondos como TRINITY INVESTMENT DAC y otros reclamos judiciales.
Además, se destaca que el acuerdo representa un paso para cerrar el ciclo del default de 2001 y reducir el riesgo de nuevos embargos.
Una prórroga clave para la aprobación final
Durante la reunión se informó que el procurador general Eduardo Casal notificó la extensión del plazo hasta el 31 de mayo, lo que otorga margen para sancionar la ley sin perder el acuerdo internacional.