La Justicia de Rawson ordenó una indemnización de 93 millones de pesos para un marinero.
En un fallo que sienta un precedente crítico sobre la calidad de la atención médica en accidentes laborales, la jueza Amorina Testino dictó una sentencia millonaria a favor de un trabajador de la pesca de Chubut. La magistrada cuestionó con dureza el accionar de Provincia ART S.A. luego de que un marinero sufriera una fractura en su mano derecha mientras operaba en cubierta. El punto más polémico del proceso fue la denuncia del operario sobre el tratamiento recibido, que consistió en sesiones de rehabilitación virtuales tras un grave traumatismo en alta mar.
Un accidente en alta mar y una rehabilitación por videollamada
El siniestro ocurrió en febrero de 2025 a bordo de un buque de la empresa Costa Chubut S.A., cuando una estructura de la embarcación impactó sobre la mano del trabajador. Según el expediente, el marinero no solo careció de asistencia inmediata en el barco, sino que, una vez en tierra, la aseguradora optó por un método de kinesiología a distancia. El tratamiento consistió en 20 sesiones realizadas a través de videollamadas, tras las cuales el hombre fue dado de alta de manera apresurada, a pesar de las evidentes secuelas físicas que presentaba en su mano hábil.
Elevación de la incapacidad y actualización del monto resarcitorio
La controversia médica fue uno de los pilares del fallo, ya que la Comisión Médica inicial solo había reconocido un 1,78% de incapacidad. Sin embargo, la pericia judicial posterior determinó que el daño era significativamente mayor, elevando el porcentaje al 11,99%. El informe técnico constató que el marinero perdió la capacidad de realizar movimientos esenciales como la pinza digital y la empuñadura completa, habilidades indispensables para el trabajo rudo de la pesca. Ante esta realidad, la jueza resolvió que el resarcimiento debía ajustarse al impacto real que la lesión tiene sobre la vida laboral del damnificado.
Inconstitucionalidad de los topes y cifra definitiva de la condena
Para garantizar que la indemnización no perdiera valor frente al contexto económico actual, la jueza Testino declaró la inconstitucionalidad de las normas que limitan la actualización de los créditos laborales. De esta manera, el monto total a pagar por la ART se fijó en 93.429.080,59 pesos. La sentencia enfatiza que las aseguradoras tienen la obligación legal de brindar una reparación integral y proporcional al daño, criticando los sistemas de evaluación superficiales que desprotegen a los trabajadores en actividades de alto riesgo como la industria pesquera.