La tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario argentino atraviesa uno de sus momentos más críticos.
Tras semanas de protestas y reclamos salariales, el conflicto escaló al punto de quedar en manos de la Corte Suprema, que podría terminar definiendo el rumbo de la disputa. Mientras el Ejecutivo insiste con una propuesta de recomposición, las casas de estudio la rechazan por insuficiente y exigen la plena aplicación de la ley de financiamiento vetada.
Una negociación trabada y bajo presión judicial
Según se informó, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, prepara una convocatoria a rectores para analizar la situación de los hospitales universitarios y avanzar en la conformación de una comisión que defina la distribución de fondos del área.
En paralelo, el Poder Ejecutivo sostiene una propuesta salarial que contempla una recomposición del 12% en tres trimestres, con aumentos del 4,1% en marzo, julio y septiembre sobre los haberes de diciembre de 2025. Además, se incluye una actualización automática del presupuesto de funcionamiento si la inflación supera el 14,3% anual proyectado y un refuerzo de $80.072.460.000 para hospitales universitarios.
Desde el Gobierno aseguran que esta es la base de negociación, en un contexto en el que la conflictividad se profundiza y la judicialización del reclamo avanza.
El rechazo universitario y el reclamo por la ley vetada
Las autoridades universitarias rechazaron la propuesta oficial al considerar que los montos no alcanzan para recomponer la pérdida salarial ni el financiamiento estructural del sistema. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantiene una presentación judicial para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y luego vetada.
Las universidades reclaman la recomposición salarial desde 2023, actualización de gastos de funcionamiento y mejora de becas estudiantiles. “Hasta ahora no hay marco para iniciar el diálogo”, señalaron fuentes del sector, que insisten en que la oferta del Gobierno queda lejos de sus expectativas.
Escalada política y disputa interna en el oficialismo
En medio de la crisis, desde distintas universidades apuntan a las tensiones dentro del propio oficialismo como uno de los factores que demoran una solución. En Casa Rosada, en tanto, algunos sectores señalan al Ministerio de Economía como responsable del freno en la liberación de fondos.
La situación derivó en una fuerte presión política tras la masiva movilización universitaria del 12 de mayo. Con fallos judiciales que obligan al Estado a cumplir la normativa vigente y una negociación estancada, el conflicto se encamina a una resolución que podría quedar en manos del máximo tribunal.
El enfrentamiento entre universidades y Gobierno no solo expone una disputa salarial, sino también un choque de modelos sobre el financiamiento educativo. Con posiciones cada vez más alejadas y la Justicia como árbitro, el conflicto promete seguir escalando en las próximas semanas.