Golpe al cibercrimen: más de 100 víctimas por estafas con falsas inversiones.
Una exhaustiva investigación de cuatro meses liderada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital ha desarticulado una red de estafas financieras digitales. El caso, que tuvo su origen en una denuncia radicada en Puerto Madryn, culminó con un despliegue de más de 20 allanamientos simultáneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
El esquema del «rulo financiero» y empresas mulas
La organización criminal operaba mediante una sofisticada maniobra conocida como “rulo financiero”. En una primera etapa, los estafadores otorgaban aparentes ganancias a las víctimas para generar una falsa sensación de seguridad y motivarlas a realizar depósitos más elevados. Una vez que los inversores intentaban retirar su capital, los delincuentes interrumpían toda comunicación.
El fiscal general Fernando Rivarola explicó que la red utilizaba “empresas mulas” con estructuras legales vigentes para otorgar una fachada de legitimidad a sus operaciones. A través de aplicaciones apócrifas, simulaban rentabilidades extraordinarias en acciones de empresas y sociedades que, si bien tenían un origen legal, eran utilizadas para el engaño.
Resultados de los operativos y advertencia oficial
Los procedimientos resultaron en la detención de una persona y el secuestro de elementos clave para la causa:
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Dinero en efectivo: 100.000 dólares.
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Activos digitales: Criptoactivos diversos.
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Equipamiento: Teléfonos celulares, computadoras y un vehículo.
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Documentación: Material probatorio vinculado a las plataformas falsas.
El procurador general, Jorge Miquelarena, y el fiscal Rivarola alertaron a la comunidad sobre el crecimiento de estos delitos. “Cuando el ofrecimiento de ganancia supera los niveles de rentabilidad habituales, hay que desconfiar”, subrayó Rivarola, recordando el caso de la denunciante inicial en Madryn, quien perdió ahorros personales y herencias familiares bajo esta modalidad. Miquelarena destacó la relevancia de contar con la reciente ley provincial para combatir el cibercrimen.