El Gobierno destinará un porcentaje de las privatizaciones y venta de inmuebles estatales al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas argentinas.
El Gobierno nacional oficializó este lunes una medida estratégica que busca saldar una deuda histórica con la defensa nacional. A través de un nuevo esquema normativo, la administración de Javier Milei dispuso que una parte significativa de los ingresos obtenidos por la venta de empresas estatales y bienes inmuebles se destine directamente a la modernización y el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
El nuevo esquema de financiamiento para Defensa
El anuncio fue realizado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien precisó los porcentajes que se desprenderán de las operaciones de desestatización. Según la norma publicada en el Boletín Oficial, el 10% de lo recaudado por la venta, alquiler o cesión de bienes del Estado, así como por la privatización de empresas con participación estatal, tendrá como destino exclusivo el sector castrense.
Sin embargo, el beneficio es mayor para la cartera que conduce el general Carlos Alberto Presti. «El porcentaje escala al 70% si el bien en cuestión estuviese bajo la órbita del Ministerio de Defensa», detalló Adorni, marcando un giro radical en la asignación de recursos para una institución que mantuvo una relación distante con los sucesivos gobiernos desde el retorno de la democracia en 1983.
Privatizaciones en marcha y proyecciones económicas
Aunque la ambición inicial del Ejecutivo contemplaba la venta de más de 40 compañías, hasta el momento el proceso se ha concretado únicamente con IMPSA, la productora de turbinas reestatizada en 2021. No obstante, el calendario para lo que resta del año es intenso: el Gobierno ya inició los trámites para privatizar una línea ferroviaria, empresas de energía, la Casa de la Moneda, la compañía estatal de aguas y el servicio de carga de equipajes en aeropuertos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, estima que estas operaciones podrían inyectar unos 2.000 millones de dólares a las arcas públicas. De cumplirse estas metas, el flujo de fondos hacia las Fuerzas Armadas permitiría iniciar un plan de modernización largamente postergado, en un contexto donde el último conflicto bélico de relevancia para el país fue la Guerra de Malvinas en 1982.
Un acercamiento político y militar inédito
La medida no solo tiene un trasfondo financiero, sino también un fuerte peso geopolítico y simbólico. La designación de Presti como ministro de Defensa —el primer militar en el cargo desde la dictadura— ya había dado señales del cambio de rumbo. Con este plan, el Gobierno busca fortalecer el brazo armado del Estado, integrando los ingresos por activos públicos a la operatividad militar.
Este giro hacia el reequipamiento se produce mientras el Ejecutivo nacional intenta consolidar su agenda de reformas estructurales, utilizando la venta de activos que considera deficitarios o innecesarios para potenciar áreas de soberanía nacional que, según la visión oficial, fueron desatendidas durante décadas por cuestiones ideológicas.